La priorización de los riesgos y de los impactos más significativos identificados da cuenta del carácter adaptable de la debida diligencia a las circunstancias, recursos y capacidades de la empresa para enfrentarlos. En otras palabras, la priorización es necesaria cuando la empresa no puede abordar inmediatamente todos los impactos negativos identificados, tanto reales como potenciales. Siendo este el caso, la empresa puede priorizarlos en función de la gravedad y probabilidad de ocurrencia, como haría en una matriz de riesgos tradicional, abordando primero los que encabezan la lista.
A esto, existe una salvedad. Cuando se trata de impactos sobre los derechos humanos, la priorización debe responder a su gravedad más que a la probabilidad, ya que las consecuencias del daño podrían significar la incapacidad de otorgar reparación a la víctima, es decir, de restituir el escenario inmediatamente anterior a la ocurrencia del daño. Pensemos, por ejemplo, en un impacto que resulte en la pérdida de vida o una enfermedad incurable.
En la práctica, luego de haber identificado los riesgos, la empresa los evalúa sobre la base de su probabilidad y gravedad, siendo esta última medida por su escala, magnitud y reparabilidad. Este ejercicio, daría como resultado la priorización de los riesgos de impactos negativos más significativos y, por ende, los que deben ser primeramente abordados por la empresa. Cabe hacer presente que, es recomendable que la evaluación de los riesgos se haga examinándolos individual y colectivamente, para detectar posibles interacciones que alteren la significancia del impacto.
A continuación, se ofrece un esquema sobre el proceso central de la debida diligencia que puede dar claridad a las empresas sobre las cuestiones a considerar para priorizar los riesgos y enfocar sus acciones, inspirado en el gráfico contenido en la guía Análisis de riesgos en derechos humanos desarrollada por Deloitte y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), que muestra desde la identificación hasta la respuesta a los riesgos, totalizando seis etapas, cuatro de ellas propias de la evaluación de riesgos.
Es de esperar que, en muchos casos, las empresas ya estén familiarizadas con la evaluación de riesgos, tanto en la forma de autoevaluaciones, auditorías como fiscalizaciones, inspecciones y controles, atendiendo a riesgos propios del sector y a la regulación del cumplimiento legal. De manera tal que, la implementación de la debida diligencia significa la ampliación del alcance de la gestión de riesgos de una empresa, integrando el enfoque de derechos humanos, para identificar, evaluar y abordar los riesgos que ella puede ocasionar sobre las personas y el entorno, como consecuencia de sus operaciones directas y relaciones comerciales.
Aunque ello es un paso adelantado y un buen punto de partida, es conveniente no confiarse solo en esas instancias, ocupándose de realizar evaluaciones periódicas o a más profundidad, con el fin de lograr un entendimiento de los riesgos potenciales y reales que la actividad empresarial pudiese significar respecto del cumplimiento de los estándares internacionales sobre conducta empresarial responsable, en particular, contenidos en las Líneas Directrices de la OCDE.
Por su parte, dada la densidad de procesos operacionales e interrelaciones comerciales que puede tener una gran empresa, puede que no esté en condiciones de evaluar todos los impactos negativos en cada uno de ellos, debiendo también priorizar la evaluación según sus actividades y vínculos comerciales más relevantes.
Para lo anterior, la Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable recomienda las siguientes consideraciones que merecen especial atención:
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