La conducta empresarial responsable es aquel comportamiento con el cual las empresas - independiente de su forma jurídica, tamaño, estructura de propiedad o sector económico - buscan evitar y abordar las consecuencias negativas de sus propias operaciones sobre las personas, el medio ambiente y la sociedad, así como las de aquellas compañías con las cuales se relacionan a través de sus cadenas de suministro y demás relaciones comerciales, al tiempo que contribuyen al desarrollo sostenible de los lugares en donde operan.
Los estándares de responsabilidad corporativa están contenidos principalmente en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (Directrices OCDE) y sus Guías de debida diligencia, los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT.
En 2020, la División CER junto a ProChile desarrolló el documento Lineamientos para una gobernanza empresarial sostenible que busca acercar a las empresas a conceptos y estándares de nivel mundial, de forma clara, breve y específica. En él encuentra explicaciones concisas sobre sostenibilidad, comercio y empresa sostenible, conducta empresarial responsable, debida diligencia y anticorrupción.
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La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático coordina los Acuerdos de Producción Limpia (APL) que es un convenio celebrado entre un sector empresarial, empresas y organismos públicos, con el objetivo de aplicar metas y acciones específicas dirigidas a lograr una producción limpia y servir como un instrumento de gestión para mejorar las condiciones productivas, ambientales, de higiene y seguridad laboral, de eficiencia energética, de eficiencia en el uso del agua, y otras materias abordadas por el acuerdo vinculadas con la sostenibilidad. De igual forma, busca aumentar la eficiencia productiva y mejorar la competitividad del sector productivo.
La SUBREI, a través de la División CER, participó en 2020 en la negociación de dos APL y, actualmente, es parte del Comité de Coordinación para la implementación de sus compromisos. Los APL en los cuales participa son el primero de la industria procesadora láctea y el cuarto de la industria de alimentos procesados. En ellos, acompaña al sector procesador lácteo en la implementación de una meta sobre debida diligencia en base a riesgos y, al sector de alimentos procesados, apoyando la definición de indicadores de sustentabilidad y relacionamiento comunitario.
APL Industria Láctea APL Industria Alimentos Procesados
En 2017 se suscribe el Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo objetivo es establecer un trabajo conjunto, facilitar el fortalecimiento institucional en materias de promoción y difusión de los compromisos vigentes en el ámbito de los derechos humanos y las empresas, y facilitar canales de asistencia técnica con el Punto Nacional de Contacto.
En el marco de este Convenio, el INDH participa en calidad de observador en el Comité Espejo del PNC, asiste con informes en derecho en el marco del manejo de instancias específicas y apoya la difusión del PNC en regiones.
La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tiene la coordinación nacional de los planes que se especifican a continuación, en los cuáles la División CER como Punto Nacional de Contacto ha comprometido diversas acciones.
Plan establecido por ley que responde a las recomendaciones que se le han hecho al Estado de Chile en materia de derechos humanos. Comprende un conjunto de acciones concretas, con metas e instituciones responsables. El Punto Nacional de Contacto ha participado con compromisos en el Primer Plan y en el Segundo Plan.
Este Plan, coordinado por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, se enmarca en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011. A nivel mundial existe consenso en que la mejor manera de instalar estos principios rectores es a través de planes de acción.
Estos principios se sustentan en tres pilares:
El Punto Nacional de Contacto ha sido partícipe asumiendo compromisos en el Primer Plan y en el Segundo Plan 2022-2025.
A partir de 2023, el Comité 360 del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas (PAN) comienza a operar al alero del Comité Espejo del Punto Nacional de Contacto de Chile (PNC), con el fin de evitar duplicidad de esfuerzos, y asegurar la participación de diversos sectores de la sociedad y la coherencia en el trabajo de ambas instancias de participación.
En 2020, la División CER junto a la Unidad Especializada Anticorrupción (UEA) del Ministerio Público, desarrolló el documento Informativo de prevención del cohecho extranjero para funcionarios públicos, que busca explicar de forma clara y concisa la Convención Anticohecho de la OCDE, el delito de cohecho extranjero y las principales características legales en Chile.
Aunque este documento se dirige a funcionarios públicos, la claridad de su lenguaje y estructura amigable lo hace apropiado para quien busque informarse respecto de la Convención y la tipificación de este delito.
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Adicionalmente, la UEA participa desde 2020 como uno de los relatores principales en las actividades de capacitación del Plan de Capacitación sobre cohecho extranjero y el rol de las representaciones chilenas en el exterior, organizado por la División CER y dirigido a las misiones chilenas en el mundo.
La SUBREI, el Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero firmaron un Convenio de Colaboración Interinstitucional para fortalecer la capacidad de detección de casos y persecución penal de cohecho a funcionario público extranjero y lavado de activos asociado, a través de la inteligencia financiera. Con él también se busca cumplir con la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, más conocida como Convención Anticohecho de la OCDE.
El 5 de mayo de 2022, la SUBREI fue aceptada como miembro de la Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción- UNCAC (AA), representada principalmente a través de la División CER. La AA es una iniciativa público-privada creada en mayo de 2012, que reúne a representantes de instituciones públicas, privadas, de la Academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales.
Su finalidad es impulsar la implementación y difusión de la mencionada Convención, junto con diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento en Chile a los principios en ella contenidos, además de fortalecer el combate contra la corrupción y fomentar la transparencia. La participación de la División CER, busca la generación de sinergias en la implementación de esta Convención y la Convención Anticohecho de la OCDE, buscando propender a la coherencia política entre estos instrumentos internacionales. De esta forma, espera aportar positivamente en los grupos de trabajo de la AA a partir de su conocimiento técnico en estas materias a la vez que recoge experiencias e iniciativas que apuntan al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la OCDE a Chile.
Para más información visite la página de la Alianza Anticorrupción.
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