Entre los años 1992 y 2007, y como parte de su intensa agenda de apertura comercial, Chile asignó una alta prioridad al trabajo de la OCDE en materia de comercio, debido principalmente a que el país pretendía mejorar sus tratados de libre comercio vigentes (catalogados como tratados de «primera generación») y aspiraba a incluir otras materias, como el comercio de servicios (distinguiéndose así de aquellos tratados de primera generación que sólo se referían a bienes). Asimismo, se buscaba un acercamiento al trabajo de la denominada «Nueva agenda de comercio», que incluía entre otras, las áreas de comercio y medioambiente, así como comercio y estándares laborales. Había también interés en agricultura y pesca, áreas que se encontraban entre los sectores más dinámicos de la economía nacional. La adhesión de Chile a la OCDE ocurre en un momento en que la cooperación internacional se hacía cada vez más relevante. Así, la crisis económica y financiera del momento evidenció la necesidad de que las economías en desarrollo y avanzadas cooperasen y se uniesen para definir las respuestas políticas apropiadas que permitieran restaurar el crecimiento y la confianza.
En 1992, el entonces presidente Patricio Aylwin y el ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, realizaron una visita oficial a Francia donde se reunieron con el Secretario General de la OCDE, Jean-Claude Paye, marcando el primer acercamiento del país con la organización. Un año después, Chile comenzó su participación en el Diálogo Informal con Economías No-Miembros más Dinámicas, junto con México, Argentina y Brasil, fortaleciendo su relación con la OCDE.
Chile se unió a la OCDE en 2010, convirtiéndose en el 31º país miembro de la Organización y el primero de Sudamérica. Hoy es uno de los 38 miembros de la OCDE.
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