Banco Central

Recomendaciones

Con respecto al sistema estadístico, la OCDE ha señalado que el BCCh tiene un rol más importante que el que usualmente tienen los bancos centrales de la mayoría de los países OCDE. Por otra parte, la organización ha destacado el grado de independencia del BCCh, conforme lo establecido en su Ley Orgánica Constitucional, siendo la entidad a cargo de la política cambiaria, y conservando la atribución para imponer controles de capital. En este sentido, la OCDE ha recalcado la sólida respuesta del BCCh a la crisis económica de 2008, lo que reflejó el buen funcionamiento del mecanismo de toma de decisión en política monetaria. A su vez, esta respuesta estuvo en consonancia con la respuesta de bancos centrales de varios países OCDE ².

Es posible señalar que las recomendaciones y/o buenas prácticas de la OCDE han sido recogidas Documentos de Trabajo ³ del BCCh. Algunos ejemplos son:

• Documento de Trabajo 792 (2016): “Reemplazo en huelga en países Miembros de la OCDE: Una revisión de la legislación vigente (2016).” Este documento tuvo por objeto determinar las prácticas de reemplazo en huelga en los países miembros de la OCDE.  Al respecto, el uso de la OCDE como grupo de referencia se explicó, por un lado, porque agrupa a países de ingreso medio-alto, y la mayor parte de sus miembros tienen el nivel de desarrollo–tanto económico como institucional—al cual Chile aspira. Por otra parte, se eligió este grupo de control objetivo ya que había sido mencionado en el debate interno de la legislación laboral que se dio en nuestro país durante esos años ⁴.
• Documento de Trabajo 786 (2016): “Un análisis de la capacidad predictiva del precio del cobre sobre la inflación global”. Este documento utiliza y hace referencia a datos de la OCDE ⁵.
• Documento de Trabajo 770 (2015): “Fuelling Future Prices: Oil Price and Global Inflation.” Este documento utiliza y hace referencia a datos de la OCDE ⁶.
• Documento de Trabajo 725 (2014): “The Elusive Predictive Ability of Global Inflation.” Este documento utiliza y hace referencia a datos de la OCDE ⁷.
• Documento de Trabajo 723 (2014): “Forecasting Chilean Inflation with International Factors”. Este documento utiliza y hace referencia a datos de la OCDE ⁸.
• Documento de Trabajo 684 (2013): “Precio de materias primas y spread soberano en economías emergentes ¿importa la concentración de las exportaciones?” Para desarrollar su análisis, el documento utiliza el indicador global líder de la OCDE ⁹.

Finalmente, otras publicaciones del BCCh en las cuales se hace referencia o se utilizan las buenas prácticas de la OCDE son:

• Volumen 27 de la Serie Banca Central, Análisis y Políticas ¹⁰ (2020): “Changing Inflation Dynamics, Evolving Monetary Policy”. Este libro utiliza y hace referencia a datos de la OCDE ¹¹.
• Cuentas Nacionales por Sector Institucional, CNSI. Metdología y Resultados 2005-2011. Este documento presenta la metodología y resultados del proyecto iniciado el año 2008, y desarrollado en el marco de las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales y como parte de la agenda de trabajo en materia de cierre de brechas estadísticas propiciada por organismos financieros internacionales, tales como el FMI, la OCDE y el BIS, luego de la crisis financiera internacional del 2008 ¹².

Avances

La política monetaria en Chile ha funcionado en un difícil entorno caracterizado por una inflación moderada y bajo crecimiento tras el fin del auge de las materias primas y la depreciación del peso ¹³. En este sentido, el BCCh ha demostrado su eficacia a la hora de evitar el desanclaje de las expectativas de inflación ¹⁴. Desde fines del 2016, la política monetaria del BCCh ha sido mayormente expansiva. Así, el BCCh relajó su posición de política monetaria una vez que la inflación convergió a la meta. Al mismo tiempo, Chile ha reforzado su regulación financiera con la entrada en vigencia de una nueva Ley General de Bancos, en la cual existe un régimen de corresponsabilidad entre el BCCh, la recientemente creada Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y el Ministerio de Hacienda ¹⁵.

La conducción de política monetaria por parte del BCCh ha sido destacada en varias oportunidades por la OCDE. Tanto la adecuada gestión monetaria como la independencia del BCCh, han impulsado una sólida confianza del marco de política vigente, lo que a su vez ha contribuido al anclaje de las expectativas. Según la OCDE, estas condiciones permitirían a Chile mantener su robustez y disciplina macroeconómica y su política de estabilización contracíclica ¹⁶.

COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

Recomendaciones

A comienzos del 2009, en el marco del proceso de exámenes de Chile ante los órganos examinadores de la OCDE, el Comité de Pensiones y Seguros de la OCDE mostró alto interés por la industria aseguradora chilena, llamando su atención el alto grado de apertura, así como la alta diversificación de productos. ²

En esta línea, se ha reconocido la solidez del sistema financiero de Chile, destacando el marco regulatorio de bancos e instituciones financieras y su actividad, así como posiciones financieras saludables de parte de sus actores, debido a las fuertes reservas de capital y el bajo y diversificado financiamiento externo ³. Sin embargo, la Organización ha notado algunas deficiencias en el sistema; al respecto, le ha recomendado a Chile, en diversas publicaciones, medidas para mejorar ciertas áreas, en especial aquellas vinculadas a una mejor supervisión del mercado a través del otorgamiento de mayores atribuciones a las instituciones supervisoras, como también mejorar la regulación del sector. A modo de ejemplo, en el año 2012, la OCDE recomendó incluir dentro de la supervisión a la emisión de tarjetas de créditos por parte de entidad no financieras, y modificar la regulación dándole una mayor transparencia a la entrega de información financiera respecto de las condiciones de créditos y reforzar los derechos del consumidor. ⁴

Avances

En estos diez años, Chile ha fortalecido y perfeccionado su institucionalidad y legislación en materia financiera y bancaria.

En el ámbito financiero, la creación de la Comisión para el Mercado Financiero (2017) constituyó un paso fundamental, siendo un órgano colegiado de miembros, con alta independencia, disponiendo de mayores facultades de supervisión que sus antecesores ⁵.

Asimismo, han aumentado las facultades para la supervisión financiera. Al respecto, destaca la creación del SERNAC financiero, el aumento de los requerimientos prudenciales a los emisores no bancarios de tarjetas de créditos, la obligación de entregar de información más detallada para tales emisores, y una mayor supervisión basada en riesgos de las compañías aseguradoras ⁶.

Se ha reforzado la integridad y solidez del sistema y regulación financiera, mediante la aprobación de la ley N° Ley 20.789 que crea el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), entidad que cuenta con un mandato específico para supervisar los riesgos sistémicos y aquellos que se deriven de conglomerados financieros ⁷.

Por otra parte, se ha profundizado la resiliencia del sector bancario, tanto en términos de rentabilidad como de endeudamiento, no habiendo grandes riesgos para la estabilidad financiera ⁸. Chile cuenta con un marco jurídico mejorado que permite intervenciones más ágiles en el sector bancario. Además, la nueva ley general de bancos ha introducido herramientas macro prudenciales, junto con transferir a la Comisión para el Mercado Financiero las facultades de supervisión bancaria que antes ejercía la SBIF ⁹, incorporando gradualmente los requerimientos de capital de Basilea III.

Finalmente, es posible señalar que las recomendaciones y/o buenas prácticas de la OCDE sirven de apoyo para el quehacer institucional, siendo recogidas en normativa y/o estudios de la CMF. Algunos ejemplos son:

• En materia de seguros, cabe destacar la Norma de Carácter General N° 309 de 2011 ¹⁰, que se basó casi íntegramente en la “OECD Guidelines on Insurer Governance”. Asimismo, la Norma de Carácter General N° 325 ¹¹ sobre Sistema de gestión de riesgos de las aseguradoras y evaluación de solvencia de las compañías por parte de la Superintendencia, usó como uno de los benchmark a la OCDE, “OECD/ IOPS GOOD PRACTICES FOR PENSION FUNDS’ RISK MANAGEMENT SYSTEMS, del 2011”.
• La Norma de Carácter General N° 398 ¹¹, que fija tablas de mortalidad, contó con el apoyo técnico de la OCDE para su elaboración.
• En tanto, en materia de valores, específicamente en gobiernos corporativos, se menciona a la OCDE y sus principios en el análisis comparado, como es el caso de la Norma de Carácter General Nº 385, del 2015, que establece normas para la difusión de información respecto de las prácticas de gobierno corporativo adoptados por las sociedades anónimas abiertas ¹².
• Por su parte, cabe señalar que en general, la normativa emitida por la CMF va acompañada de informes normativos, que dan cumplimiento a una recomendación de la OCDE, al igual que las métricas de los países miembros y variadas publicaciones de la organización que se usan como referencia en estudios y normativas ¹³.

FISCALIA – MINISTERIO PÚBLICO

Avances

El Ministerio Público participa todos los años en una de las reuniones del Working Group on Bribery de la OCDE, e incorpora sus recomendaciones y buenas prácticas a su quehacer diario. Así, en términos de influencia relevante de OCDE en legislación penal en Chile es posible destacar lo siguiente:

• Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Proyecto de ley en actual discusión en el Senado para establecer en la legislación chilena delitos medioambientales.
• Ley N° 21.121, particularmente en lo relativo a la agravación de penas y modificación del tipo penal de cohecho a funcionarios públicos extranjeros que obedece, entre otros, a reiteradas recomendaciones de la OCDE en las distintas fases de evaluación a nuestro país, tal como consta en la historia de la ley¹
• Proyecto de ley relativo a protección de denunciantes², cuya tramitación en la Cámara de Diputados fue refundida con el Boletín N° 13115-06, que también recoge observaciones que la OCDE ha formulado hace algunos años a nuestro país.

Respecto de normativa interna del Ministerio Público, es posible destacar:

• Oficio FN N° 699/2014 de fecha 22 de Septiembre de 2014, Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos de corrupción, que se hizo cargo de una serie de observaciones formuladas a nuestro país en la evaluación de la OCDE (Working Group on Bribery - Fase 3), tales como la asignación de investigaciones por cohecho transnacional a Fiscales Regionales, de mayor experiencia en casos complejos, así como la incorporación de una sección específica en el instructivo referido a investigaciones por el delito de cohecho a funcionario público extranjero y sus particularidades.
  
  Junto con esas modificaciones a la instrucción general producto de la evaluación de Fase 3, también se elaboraron las siguientes guías:
  • Guía de Apoyo Jurídico y Análisis para Investigaciones relativas al Delito de Soborno Transnacional, octubre 2014; y
  • Guía Práctica, Buenas Prácticas de Investigación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, septiembre 2015.
• Oficio FN N° 472/2020 de fecha 29 de julio de 2020, Instrucción General que imparte criterios de actuación en delitos de corrupción, dirigido a fiscales regionales y adjuntos, asesores jurídicos y abogados asistentes, recientemente actualizada en base a diversas recomendaciones que los evaluadores del Working Group on Bribery de la OCDE formularon en su Informe de Fase 4, así como a las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.121.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS – INE

Principales Recomendaciones

Con el ingreso de Chile a la OCDE se planteó la necesidad de modernizar la ley de Estadísticas con el objetivo de fortalecer las disposiciones legales sobre la independencia profesional de los productores de estadísticas.

Del mismo modo, producto de recomendaciones hechas por la OCDE al ingreso de Chile a la Organización, así como en virtud de un examen de seguimiento del Sistema Estadístico de Chile y sus estadísticas, que tuvo lugar dos años después (2012), Chile presentó un plan para mejorar la metodología de cálculo de su Índice de Precios al Consumidor – IPC, focalizado principalmente en la mejora de la captura en los cambios de precios del ítem Prendas de Vestir y Calzado, con el fin de asegurar que el IPC refleje con exactitud la evolución de la inflación.

Avances

• Incorporación enfoque de género en estadísticas. Las estadísticas de género permiten visibilizar cómo se ven afectados hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural, al tiempo que entregan información central para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas que apunten a disminuir las desigualdades entre los sexos, mejorando la calidad de vida y resguardando los derechos de todas las personas residentes en el país. A su vez, la incorporación del enfoque de género en las estadísticas es central en tanto apunta a evitar sesgos en la medición, por lo tanto, conlleva a la generación de estadísticas de mayor calidad.
• Encuesta Nacional de Innovación. Tiene por objetivo obtener información cuantitativa y cualitativa sobre innovación de las empresas de todos los sectores productivos en estudio, de acuerdo con los lineamientos entregados por la OCDE, reflejados en el Manual de Oslo.
• Proyecto de ley que reforma el Instituto Nacional de Estadísticas, junto con una consultoría realizada por la OCDE, cuyo fin es evaluar la institucionalidad que debe tener nuestro sistema estadístico, a fin de acercarlo al utilizado por países desarrollados.

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD – INJUV MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Principales Recomendaciones

El año 2019, OCDE contactó al Área de Estudios de INJUV con el fin de aportar al desarrollo del Informe Global Sobre el Empoderamiento de la Juventud y Justicia Intergeneracional, partir de lo que se inició un trabajo en colaborativo aportando desde Chile información relevante relacionada con el desarrollo de la juventud.

En este contexto, durante el primer semestre de 2020, INJUV desarrolló un seminario web presentando un adelanto del referido Informe Global de la OCDE, con los resultados para Chile, y posteriormente, durante el segundo semestre, se realizó un seminario de seguimiento para toda la región latinoamericana, considerando que el señalado informe también aborda otros países como Argentina, Colombia, México y Perú.

Avances

• A pesar de que el trabajo con OCDE en esta materia comenzó en 2019, Chile ha demostrado gran liderazgo en el área, perfilándose como un canal, que permita ampliar el campo de acción de OCDE a otros servicios de juventudes. Así, en los últimos años INJUV ha desarrollado una importante labor de cooperación con otros servicios de juventudes de la región, situación por la que OCDE puede ser un gran referente para seguir contribuyendo a este ámbito.
• Informe de Gobernanza sobre Juventud de OCDE para Iberoamérica , sustentado en una encuesta realizada en abril de 2020, que contó con la participación de 86 entidades gubernamentales, de 42 países, y más de 60 organizaciones de juventud.
  
  

  El informe proporciona un análisis comparativo para:

  • Adoptar un enfoque de gobernanza holística que permita apoyar a los jóvenes en su transición a una vida autónoma;
  • Aumentar la participación y representación de los jóvenes en la vida pública y su relación con el gobierno; e
  • Integrar consideraciones de equidad y justicia intergeneracionales en la formulación de políticas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Principales Recomendaciones

Antes del acceso propiamente tal,³ la OCDE había destacado los progresos de Chile en cuanto al aumento de los ingresos y la reducción de la pobreza, siendo avances que beneficiaron también a las familias rurales y agrícolas. En ese entonces, la organización sugería explicitar el foco de las políticas rurales dirigidas a los agricultores más competitivos, al mismo tiempo que se recomendaban políticas no agrícolas en apoyo a las otras familias y/o pequeños agricultores menos competitivos, contando con programas de seguridad social adecuados. La OCDE consideraba que el apoyo a los productores era bajo en comparación a otros países de la organización. En síntesis, para lograr un desarrollo agroalimentario y pesquero más inclusivo, se recomendaba contar con instrumentos de política, inversión en capital humano, inversión en infraestructura, I+D y extensión, créditos, reformas laborales, transferencias en dinero (posiblemente condicionadas), políticas regionales, desarrollar asociaciones de productores, y políticas de tenencia.⁴

Avances

Nuestro país ha registrado un importante crecimiento económico y progreso social, lo que ha sido destacado en la Revisión de la Política Rural de la OCDE (2014).⁵ Gran parte del ingreso nacional y las exportaciones están asociadas con el sector primario, como la minería, agricultura, la silvicultura y la pesca.⁶

Chile tiene una de las políticas agrícolas menos distorsionantes del mundo. En ese sentido, cualquier avance que apunte a disminuir o disciplinar la ayuda interna de los otros países será un beneficio para la producción agrícola, para la economía y para los agricultores nacionales.⁷

Por otra parte, el país se ha preocupado especialmente por orientar sus objetivos de política en torno a facilitar el desarrollo de los pequeños productores y mejorar la competitividad del sector, así como también ha mejorado los servicios de inspección, inocuidad alimentaria y la promoción de nuevas alternativas de energía.⁸

En el transcurso de estos diez años de membresía, el Ministerio de Agricultura ha definido acciones para potenciar un sector agroalimentario y forestal sustentable, competitivo e innovador, comprometido socialmente con el desarrollo rural y regional, siendo la “Estrategia de Crecimiento Verde de la OCDE”⁹ una de las iniciativas internacionales de relevancia para nuestro país en esta materia.¹⁰ En esta línea, entre las acciones impulsadas, destaca la creación del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (en adelante, ODEPA),  el Protocolo de agricultura sustentable de ODEPA, instrumento que permitió sentar las bases para diversas acciones, como el desarrollo de programas formativos para la Agricultura Familiar Campesina, y el desarrollo de Acuerdos de Producción Sustentable (APL-S) para el sector agrícola, y la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria 2020-2030 que está en desarrollo.

En materia de gestión de riesgos, el país ha fortalecido su institucionalidad, ya que el Ministerio de Agricultura ha tomado acciones concretas en el desafío de ir más allá de la atención a la emergencia, es así como en 2018 se institucionalizó la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, que enfoca su actuar en potenciar y combinar de manera eficiente los instrumentos en apoyo al agricultor en los tres niveles de riesgos definidos por la OCDE.

También se ha avanzado de manera relevante en materia de transparencia de mercados, mediante la creación, por parte del Ministerio de Agricultura, de una unidad para analizar las condiciones de competencia y las prácticas comerciales en los mercados como una forma de contribuir a su mejor funcionamiento y evitar prácticas abusivas o que atenten contra la libre competencia. En relación a la coordinación público-privada, destaca el trabajo de coordinación llevado a cabo en las Comisiones Nacionales por Rubro, bajo la coordinación de ODEPA.¹¹

Otro de los avances relevantes ha sido la elaboración de la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)¹², publicada en 2020, que consideró los principios¹³ y recomendaciones de la OCDE, adoptando tanto la definición¹⁴ de ruralidad de la OCDE, así como su enfoque. En esta línea, se ha avanzado con la creación del Departamento de Desarrollo Rural al interior de ODEPA, así como los pasos iniciales en la conformación de un Consejo Asesor Nacional público-privado. Por otra parte, junto al INE, se está desarrollando un sistema de indicadores de calidad de vida rural¹⁵, que servirán para dar seguimiento a la PNDR y poder visibilizar brechas. Además, se ha desarrollado un trabajo estrecho con el Working Party on Rural Policy (WPRUR), donde Chile ha podido levantar el ámbito cultural, como uno de los temas que serán trabajados durante el futuro mandato del grupo. Por otro lado, el Ministerio también ha sido un referente para otros países, presentando la Política como un ejemplo del nuevo paradigma rural y de implementación de los Principios de Política Rural, aprobados en marzo de 2019 por todos los países miembros.

Otros avances relevantes por servicio:

Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)

A partir del 2015, el INIA ha participado en distinto ámbitos de la OCDE, tales como el intercambio de profesionales para desarrollar investigaciones conjuntas, preparación de conferencias Internacionales, participación en workshops para dar a conocer y compartir experiencias científicas y normativas relacionadas con nuevos temas de investigación en áreas como Bioeconomía, Big data, Nanotecnología y Gene editing, entre otros.

Al trabajar más estrechamente con la OCDE, el INIA ha podido obtener importantes beneficios, especialmente en los temas emergentes en agricultura. De esta forma, ha podido acortarse la brecha científica-tecnológica, que se hace cada vez más amplia respecto de los países desarrollados.

Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (ACHIPIA)

La creación, en 2012, de la Red Científica de Inocuidad Alimentaria, encargada de diseñar políticas de inocuidad y de calidad sobre base científica, así como facilitar la interacción entre las personas involucradas en la calidad e inocuidad alimentaria en Chile. Asimismo, ACHIPIA ha cumplido una labor fundamental como ente coordinador del Sistema Nacional de Laboratorios de Referencia.¹⁶  Recoger información para aplicarla en el desarrollo de la estrategia nacional contra la resistencia a los antimicrobianos, junto a otros servicios públicos, y aportar en la posición respecto de las diferentes directrices sobre plaguicidas y bioplaguicidas que se están elaborando en la OCDE.

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)

Los datos y análisis contenidos en documentos de la OCDE han sido de gran relevancia para nuestro país, específicamente, los reportes anuales de las políticas agrícolas (Annual Country Report), la evaluación de desempeño ambiental y/o los indicadores agroambientales (OECD Agri-environmental indicators).

Normativa relevante

• Decreto nº 42, que modifica el decreto nº 25 del 2005, que aprueba reglamento de productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario. ¹⁷
• Resolución nº 7087 que establece norma específica de certificación de semillas de mijo común (11.09.2019). ¹⁸
• Resolución nº 6289 que establece norma específica de certificación de semillas de lino (04.11.2016). ¹⁹
• Resolución nº 1557, de 2014, que establece exigencias para la autorización de plaguicidas. ²⁰
• Resolución n° 9074, que establece condiciones y requisitos para autorizar plaguicidas microbianos para comercialización

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Principales Recomendaciones

A través de su Equipo Futuro utilizan el trabajo de OCDE en IT surveys, permeado la política nacional en la materia, junto con AI in society y la OECD Council Recommendation on Artificial Intelligence para el desarrollo de políticas de Inteligencia Artificial. Asimismo, a través de su División Estudios participan de dos grupos de expertos, uno de estadística (National Experts on Science and Technology Indicators - NESTI) y otro de estudios (Working Party on Innovation and Technology Policy - TIP), en los que como país miembro debemos reportar periódicamente, contribuyendo a los siguientes documentos:

• Manual de Frascati (última revisión 2015);
• Manual de Oslo (última revisión 2018); y
• Documento Careers of Doctorate Holders (CDH)

Además, participa activamente de la herramienta de seguimiento de la OCDE STIP² Compass, que recopila sistemáticamente datos cuantitativos y cualitativos sobre las políticas nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación, abordando todas las áreas de la política, incluidas iniciativas distribuidas en diferentes ministerios y agencias nacionales.

Avances

Creado en 2018, este Ministerio tiene por uno de sus principales objetivos proveer al Estado de una nueva institucionalidad en ciencia, tecnología e innovación que le permita insertar a nuestro país exitosamente y de manera protagónica en la cuarta revolución industrial a través del mejoramiento de funciones, estructuras y procesos, contexto en el cual destacan los siguientes avances en el trabajo colaborativo con OCDE:

• Encuesta sobre gasto y personal en Investigación y Desarrollo (I+D) sigue los lineamientos generales sugeridos por la OCDE para este tipo de instrumentos estadísticos, plasmados en el Manual de Frascati (2015), con la finalidad de hacer comparables los resultados obtenidos con los de otros países.
  
  La encuesta fue diseñada por la División de Estudios y Estadísticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadísticas - INE. El levantamiento de la encuesta fue realizado durante el año 2019 por el INE y consideró el 2018 como año de referencia.
  
  
• Encuesta de Innovación, cuyo objetivo es proporcionar información sobre la estructura del proceso de innovación de las empresas en Chile (insumos y resultados), mostrando las relaciones entre dicho proceso y la estrategia de innovación de las empresas, el esfuerzo innovativo, los factores que influyen en su capacidad para innovar y el rendimiento económico de las empresas.
  
  El diseño del formulario y metodología de levantamiento sigue los lineamientos generales sugeridos por la OCDE y la Community Innovation Survey (CIS) de Eurostat para este tipo de encuestas (plasmados en el Manual de Oslo). Estos lineamientos son aplicados en la mayoría de los países miembros de la Organización, con la finalidad de hacer comparables los resultados y estadísticas en materia de innovación.
  
  
• Campaña Más Mujeres en Ciencias, enfocada en derribar prejuicios, promover que las jóvenes sigan sus sueños e incentivarlas a estudiar carreras relacionadas al área de las ciencias a pesar de haber estado históricamente ocupadas por hombres.

MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Principales Recomendaciones

En el área de política social, la OCDE ha destacado la creación del Registro Social de Hogares en 2016 para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales en base a un sistema integrado de datos sociales y administrativos. El nuevo registro sustituyó a la Ficha de Protección Social, la que se basaba en datos que los propios potenciales beneficiarios comunicaban. Así, con el nuevo mecanismo se busca mejorar la transparencia y equidad del sistema de transferencias sociales.

Avances

La creación del Consejo de Desarrollo Saludable,² ha sido impulsada en gran medida por los más recientes hallazgos de la OCDE referentes a la obesidad y sobrepeso en nuestro país. Se trata de una instancia de carácter consultivo, cuyo objetivo es acompañar y asesorar al MDSF, a través de la Secretaría Ejecutiva de Elige Vivir Sano.³

Por otra parte, el MDSF fue uno de los impulsores de los estudios sobre Ascensor Social y Clase Media. Finalmente, cabe destacar la reciente creación de la Red Integral de Protección Social (ex Clase Media Protegida), así como la inclusión de nuevos indicadores sobre bienestar en una nueva encuesta complementaria a CASEN.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO

Principales Recomendaciones

La OCDE ha realizado una serie de recomendaciones que se han reflejado en las políticas de desarrollo y producción nacionales, pudiendo destacar las siguientes:

En materia de Política Regulatoria, Productividad y Emprendimiento, se destaca la creación en 2018 de la Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional – OPEN, como respuesta a las recomendaciones entregadas por la OCDE en materia de política regulatoria y análisis de impacto regulatorio y fue la repartición encargada de enviar a tramitación legislativa en agosto de 2018, del Proyecto de Ley de Productividad y Emprendimiento que propone - entre otras medidas - establecer la obligación de todos los ministerios de hacer informes de impacto regulatorio. Sumado a lo anterior, en abril 2019, OPEN publicó la Guía Chilena para una Buena Regulación, que contiene una nueva metodología para elaborar los análisis de impacto regulatorio además de promover su relevancia como herramienta clave para diseñar e implementar políticas públicas de calidad basadas en evidencia, la cual fue validada por la OCDE.

Por otra parte, el rol de OPEN es identificar las principales barreras y trabas regulatorias que deben enfrentar tanto personas como empresas de los distintos sectores económicos. Con dicho fin, se comenzó con una recopilación de medidas para mejorar la regulación, construyendo un catastro de más de 500 propuestas anteriores del mismo ministerio y de otras instituciones. Asimismo, ha trabajado en distintas iniciativas propias (legales y normativas), que permitan derribar las barreras que afectan la productividad y competitividad.

En esta línea destacan los proyectos actuales en tramitación o elaboración que apuntan a la protección al consumidor; fortalecer la detección y persecución de carteles; modernizar los procedimientos concursales de insolvencia; promover el uso de la firma electrónica; facilitar el emprendimiento simplificando los trámites y procesos; y fomentar la industria de capital de riesgo, entre otros.

Por otra parte, cabe agregar que la mayor parte de las reformas legales relativas a la gobernanza y supervisión de las empresas del Estado en los últimos 15 años, se asocian a recomendaciones efectuadas por la OCDE durante el proceso de acceso de nuestro país. Tal es el caso de la modificación de los gobiernos corporativos de CODELCO, en 2009 (Ley n°20.392), y de ENAP, en 2017 (Ley n° 21.025).

Sin perjuicio de ello, la OCDE ha reconocido la estructura y funcionamiento del Sistema de Empresas Públicas¹ - SEP, como una buena práctica, en tanto provee un buen marco regulatorio de supervisión descentralizado del manejo de las empresas estatales. La OCDE, a través del reporte del grupo de trabajo respectivo, remarcó la gran capacidad del SEP para promover prácticas de buena gobernanza mediante su código SEP, consolidado y actualizado según las directrices de la OCDE sobre gobiernos Corporativos de 2015. Este código se aplica no sólo a las empresas públicas de las que tiene responsabilidad jurídica, sino también (a través de un acuerdo) a las empresas públicas del sector de defensa, las cuales no dependen del SEP.

Adicionalmente, en materia de MiPYMES, en 2019 la OECD publicó el primer índice de políticas públicas enfocadas para Latinoamérica y el Caribe titulado América Latina y El Caribe 2019: Políticas para MiPYMEs Competitivas en la Alianza del Pacífico y Países Participantes de América del Sur² , que contó con la participación de Chile, Colombia, México y Perú por parte de la Alianza del Pacífico, además de Argentina, Ecuador y Uruguay. Esta es una herramienta de evaluación comparativa que ha ayudado a economías emergentes en diversas regiones del mundo a monitorear y evaluar el progreso de las políticas que apoyan a las micro, pequeñas y medianas empresas y esta versión representa la primera publicación para la región. Se espera comenzar un nuevo proceso de levantamiento de información durante 2021.

Avances

• Innovación, emprendimiento y productividad. En esta materia, la OCDE ha reconocido la relevancia de las reformas legislativas que redujeron la carga administrativa para la constitución, modificación y disolución de nuevas empresas (Leyes nº 20.494 y 20.659); la creación de programas destinados a mejorar el acceso de las Pymes al financiamiento, como el Fondo Capital Abeja; la creación de instrumento Crédito CORFO MiPYME y el instrumento Crece de CORFO; la modificación a la Ley que regula el procedimiento de quiebra; la creación del programa Start-up Chile; la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; e iniciativas de innovación digital³ .
  La Organización también ha notado los esfuerzos de Chile en materia de competitividad, productividad e innovación, tales como la Agenda de Impulso Competitivo (2011), la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento (2015), el Centro de Extensionismo y HUB de Transferencia Tecnológica (OTT) ⁴ , en materia de agricultura, salud, producción industrial y energía (2019)⁵ .
• Ley N° 20.494, que Agiliza Trámites para el Inicio de Actividades de Nuevas Empresas. Su objetivo fue facilitar la creación de empresas y eliminar las trabas burocráticas que dificultaban el proceso, factor clave para alcanzar una tasa de crecimiento potencial del PIB de 6,0%. Se buscaba a su vez aumentar la tasa neta de creación de empresas a 25.000 por año para así crear 100.000 nuevos emprendedores al 2013.

• Ley N° 20.659, que Simplifica el Régimen de Constitución, Modificación y Disolución de las Sociedades Comerciales⁶. Esta ley buscó facilitar los trámites para la constitución de empresas, permitiendo bajar sustancialmente sus costos, disminuyendo además el trámite a menos de una semana, significando ahorros considerables tanto en recursos monetarios como en tiempo para los nuevos emprendedores.
  
  La existencia de un proceso simplificado, que contribuya a disminuir los trámites al iniciar actividades económicas y aumentar la eficiencia de la gestión del Estado, mejora el entorno de negocios de las empresas, y genera una mayor competitividad del país.
• Adicionalmente, la OCDE ha destacado el fortalecimiento del marco regulatorio en materia de competencia, mediante la dictación de una nueva ley de competencia en el año 2016, que refuerza las sanciones para las prácticas anticompetitivas; aumenta las penas para los carteles de precios; introduce un sistema más efectivo y transparente de control preventivo de fusiones, estableciendo la obligatoriedad de la notificación de estas; y aumenta las multas para otras prácticas anticompetitivas. Asimismo, remarcó la OCDE que la reforma le entrega mayores facultades y recursos a la Fiscalía Nacional Económica para desarrollar estudios de mercado, en conformidad con las recomendaciones y estándares OCDE.
• Iniciativas de CORFO con sustento en recomendaciones de la OCDE.
  
  En relación a las recomendaciones orientadas a un crecimiento económico sostenible, basado en diversificar las fuentes energéticas, avanzar en aspectos de economía circular, electrificación de procesos industriales, y profundizar el desarrollo tecnológico en la materia, se destacas las siguientes iniciativas programáticas:

• Diseño e Implementación de aportes financieros para el desarrollo de proyectos que diversifiquen las fuentes energéticas y masifiquen el uso de energías renovables (2014). Tal fue el caso de: Crédito CORFO Energías Renovables No Convencionales; Crédito Concentración Solar Térmico de Potencia; y Crédito Solar Fotovoltaico.

• Programas de Subsidios en economía circular y desarrollo sostenible (2018 a la fecha) como: el programa Huella; Súmate a Innovar; Crea y Valida; Consolida y Expande; Red Proveedores; modalidad “Seed” del Programa Start-Up Chile; Bienes Públicos; y Consorcios Tecnológicos para apoyar proyectos empresariales relacionados con: energías renovables, eficiencia energética, electro movilidad, agricultura sostenible, gestión y eficiencia hídrica, economía circular y disminución de contaminación.

• Reformulación Institucional del Comité de Producción Limpia, para su transformación en la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático (2018 a la fecha). A través de esta entidad se complementan los acuerdos de producción limpia por parte del sector privado, con otras iniciativas de coordinación público y privadas para que se ejecuten programas y proyectos que aporten a la construcción de una economía sustentable, resiliente y baja en carbono⁷.

• Crédito Verde (2020). Programa que busca continuar y robustecer los esfuerzos en los créditos en Energías Renovables No Convencionales, potenciando adicionalmente el desarrollo de proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático y/o mejoren la sustentabilidad ambiental de las empresas, reimpulsando la inversión en iniciativas de Energía Renovable, Eficiencia Energética y Economía Circular.

• Diseño y lanzamiento de la convocatoria “Instituto Tecnológico de Tecnologías Limpias” (2019-2020), que busca apoyar la creación e instalación de un centro tecnológico que desarrolle actividades de investigación y desarrollo; transferencia de tecnología e innovación; asistencia tecnológica y técnica especializada; difusión tecnológica o generación de investigación e información de apoyo a la regulación y a las políticas públicas, en las áreas de energía solar, minería de bajas emisiones y materiales avanzados de litio y otros minerales.

En relación a las recomendaciones orientadas a reducir brechas de género, en cuanto a formación empresarial, acceso a financiamiento y redes de contacto, destacan las siguientes iniciativas:

• Creación del Programa S Factory de Start Up (2015 a la fecha), el cual consiste en un programa de entrenamiento y “pre-aceleración” empresarial focalizado en start up fundadas por mujeres y así aumentar la participación de estas en emprendimientos de base tecnológica.
• Rediseño del Programa Start Up Chile y sus componentes Seed y Growth (2020). Se incorpora en ambos casos el cofinanciamiento adicional en el caso de Start Up lideradas por mujeres, ampliando el apoyo desde la fase de idea (TSF), hasta etapas tempranas y el escalamiento de los negocios. Adicionalmente, se entrega mentoría y acceso a redes y vinculación con el entorno (inversionistas ángeles, fondos de capital de riesgo y directorios de alto nivel).
• Incorporación de cofinanciamiento adicional (2018 a la fecha) en todas las líneas de apoyo a la innovación, en el caso de empresas y proyectos liderados por mujeres (líneas de financiamiento Súmate a Innovar, Crea y Valida y Consolida y Expande).
• Programas de Subsidios de Apoyo a la Reactivación Económica en Empresas Lideradas por Mujeres (2020), línea de cofinanciamiento que busca dotar de capacidades empresariales a empresas de menor tamaño lideradas por mujeres, además de inyectar capital de trabajo para mejoramiento de sus negocios, especialmente en el marco de contingencias como catástrofes y la pandemia Covid 19.

Respecto de las recomendaciones para aumentar la productividad de la economía, entre ellas aumentar el gasto en I+D e innovación, y la diversificación de sectores y sus exportaciones, destaca:

• Perfeccionamiento de beneficios tributarios Ley de Incentivo Tributario a la I+D (2012 a la fecha), incrementando el tope y monto del crédito tributario anual, reconocimiento de gastos externalizados como intramuro y cuentas de gasto corriente asociadas a las actividades de I+D realizadas. Adicionalmente, se efectuaron mejoras al proceso para mayor agilidad y respuesta, así como la implementación de una estrategia para aumentar el conocimiento sobre la Ley y sus atributos.
• Rediseño y perfeccionamiento de los diferentes Programas de Apoyo a la Innovación Empresarial y Desarrollo Tecnológico con Fines Productivos. (2018 a la fecha). Se acogen y adoptan prácticas de recopilación de datos, prácticas evaluativas y ajuste en los Programas existentes, estableciendo mejoras que reducen las barreras de entrada e ineficiencias en los esquemas de incentivo, adecuando la oferta según el nivel de madurez tecnológico de los proyectos y las capacidades empresariales. Adicionalmente, se incluyeron actividades tendientes a la colaboración entre empresas y entidades de conocimiento en el Sistema Nacional de Innovación, vinculación con el medio y entrega de asesoría experta.
• Diseño e implementación de los Programas Estratégicos de Especialización Inteligente (2014 - 2018), mecanismos y espacios de trabajo de coordinación público y privada orientada a la transformación y diversificación de los principales sectores productivos, y desarrollo de industrias emergentes basados en conocimiento e innovación. Bajo este esquema se estructuraron estrategias de desarrollo productivo de largo plazo para sectores como minería, turismo, construcción, alimentos, industrias inteligentes y energía solar, dotando al sistema de Centros de Innovación Especializados y la conformación de Consorcios Empresariales para la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico que contribuyen a diversificar y sofisticar el tejido productivo.

En relación a las recomendaciones orientadas a promover el emprendimiento, reducir las brechas de formación empresarial y financiamiento a empresas de menor tamaño, destacan los siguientes programas:

• Rediseño del Programa Start Up Chile (2020) para aumentar el número de emprendimientos tecnológicos con modelo de negocios global. Para ello, se determinó adecuar el programa en base a una segmentación estratégica del porfolio, diferenciando las fases de entrenamiento, aceleración y acceso a financiamiento nacional e internacional. Adicionalmente, se incorpora una nueva fase de acompañamiento para la consolidación internacional de los negocios.
• Perfeccionamiento de instrumentos alternativos para financiamiento de las Empresas de Menor Tamaño como Capitalistas Ángeles, Plataformas de Crowdfunding y Fondos de Capital de Riesgo (2013 a la fecha). Durante el año 2020 además se creó el “Fondo Crece”, iniciativa que busca otorgar liquidez a las Pymes mediante Institucionas Financieras No Bancarias, introduciendo nuevos actores al sistema financiero.
• Diseño, implementación y perfeccionamiento del programa “Programa de Apoyo al Entorno de Emprendimiento y la Innovación”, con el fin de fortalecer y mejorar las condiciones de entorno y/o cultura en que se desarrolla la actividad emprendedora e innovadora, validando y promoviendo la opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas de desarrollo económico y social. Entre el 2019 y 2020 se incorporan mejoras para mejorar su impacto, distinguiendo: formación para emprender e innovar, metodologías de emprendimiento e innovación, educación escolar y actividades de difusión para desarrollo cultural de las materias.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Principales Recomendaciones

2004 Reviews of National Policies for Education: Chile 2004, análisis que luego fue reiterado en igual publicación durante 2017, entregó un panorama completo del sistema educativo chileno, lo que cumplió un rol fundamental en las reformas implementadas desde el año 2014.

Del mismo modo, Chile ha buscado analizar sus políticas en materia de educación terciaria, educación superior y nuevas habilidades con apoyo de la OCDE a través los siguientes estudios:

• 2009 Reviews of National Policies for Education: Tertiary Education in Chile 2009
• 2009 OECD Reviews of Vocational Education and Training: A Learning for Jobs Review of Chile 2009
• 2013 Reviews of National Policies for Education: Quality Assurance in Higher Education in Chile 2013
• 2013 Teacher Evaluation in Chile 
• 2019 Strength through diversity: country spotlight report for Chile

Por su parte, el informe anual de la OCDE Education at a Glance¹ , destacó el programa chileno Leo Primero, cuyo objetivo es fomentar la lectura en los primeros niveles de escolaridad. A través de este programa, el Ministerio de Educación busca asegurar que los niños pasen a segundo básico cumpliendo niveles adecuados de lectura.

Asimismo, en el Economic Survey de Malasia, el programa chileno Todos al Aula fue destacado como un ejemplo de un proceso participativo que identificó soluciones para simplificar y reducir la carga administrativa y regulatoria del sistema educativo.

En relación con la docencia, la OCDE menciona a Chile como un ejemplo de país donde las actividades de desarrollo profesional docente tienen un efecto en la definición de sus competencias, a través de tramos de desarrollo y salarios. En esta misma línea, la OCDE hace hincapié en la participación de profesores practicantes en el proceso de evaluación docente.

En la educación parvularia, se distingue el proceso de evaluación realizado por pares pertenecientes a otros establecimientos al del evaluado, lo que genera una retroalimentación más completa e intercambio de buenas prácticas. Asimismo, el Marco para la Buena Enseñanza ha sido destacado por la OCDE en distintos reportes como un proceso que apoya el desarrollo profesional continuo, con miras a mejorar la calidad de la enseñanza.

Finalmente, la OCDE remarca también las políticas y programas que buscan atraer estudiantes jóvenes y talentosos a la carrera de pedagogía, destacando a la nueva Ley de Carrera Docente (2017), ya que aumenta las exigencias para entrar a la carrera de pedagogía y a la vez que mejora las condiciones laborales. En el mismo sentido, destaca la Beca Vocación de Profesor, que cubre el costo de la carrera de pedagogía a los postulantes que, cumpliendo ciertos requisitos académicos, ingresan a universidades acreditadas y elegibles.

Avances

Desde el año 2003 el Ministerio ha trabajado en forma sistemática con la OCDE, insertándose en distintas áreas de trabajo, que le han permitido destacar los siguientes avances:

• La Política Nacional Docente para mejorar las condiciones laborales de los profesores.
• El Ministerio de Educación ha sido parte de evaluaciones generales como PISA y TALIS, que han permitido profundizar el trabajo estadístico nacional, contribuyendo en forma regular a los datos para el estudio Education at a Glance de la OCDE.
• Asimismo, el Ministerio ha reforzado el trabajo en torno a políticas para el sistema educativo, tanto a nivel de educación básica y también en el sistema de educación superior de acuerdo a las recomendaciones de la OCDE y a análisis internos de política nacional.

MINISTERIO DE ENERGÍA

Principales Recomendaciones

Durante 2009, la OCDE realizó una evaluación de las políticas energéticas de nuestro país a través de su Energy Policy Review. Sobre el particular destacan las siguientes recomendaciones:

• Crear una visión estratégica del desarrollo energético, a través de la diversificación de fuentes energéticas (incluir más fuentes propias); establecer una política energética de largo plazo; reducir la vulnerabilidad en combustibles líquidos; continuar con el desarrollo de energías renovables; y alinear las políticas energéticas con otras políticas sectoriales y planes de cambio climático.

En virtud de lo anterior, Chile comenzó a trabajar en el aumento de energías renovables para la generación eléctrica; se desarrolló la Política Energética 2050, que actualmente se encuentra en proceso de actualización; y se incluyó a la energía como un eje relevante en los planes de cambio climático, siendo el sector uno de los pilares para alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

• Asimismo, la OCDE recomendó avanzar más en protección ambiental, a modo de asegurar un desarrollo energético compatible con el cuidado del medio ambiente, para lo cual Chile (en materia de normas de emisión para termoeléctricas) implementó incentivos para desarrollo de energías con emisiones nulas o bajas, al tiempo que incluyó consideraciones ambientales y metas de reducción de emisiones en su Política Energética 2050.
• Además, en 2019 se consensuó con las principales generadoras eléctricas un plan de salida del carbón que prevé el total abandono de este combustible al 2040.

Por su parte, en 2011, la Organización publicó su estudio Mejores Políticas para el Desarrollo: Perspectivas OCDE sobre Chile, en el que destacó que a pesar de que nuestro país participa en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, con cerca de 40 proyectos para reducir las emisiones de gases invernadero completados desde 2004, no cuenta con límites legales de emisiones conforme al Protocolo de Kioto, agregando que el gobierno puede avanzar más en la reducción de emisiones mediante la formulación de una estrategia nacional de mitigación que incluya unos objetivos de reducción y planes de acción para sectores económicos claves.

Avances

• En 2015 se creó la Hoja de Ruta Energética al 2050, que busca que el 70% de la generación energética provenga de fuentes renovables para esa fecha, buscando con ello instalar a Chile entre los tres países con menores costos de energía entre los integrantes de la OCDE. Así, la Hoja de Ruta establece 10 metas a cumplir al 2050 en el ámbito energético, siendo una de ellas la disminución de los precios.
• En 2017, Congreso aprobó Proyecto de Ley que establece nuevo Gobierno Corporativo de ENAP. La iniciativa legislativa realiza importantes cambios en cuanto a la forma de administración de la empresa, cumpliendo con ello uno de los compromisos post acceso que se tenía con la OCDE, en materia de buenas prácticas de gobierno corporativo.
• Durante 2018 se lanzó una iniciativa perteneciente al programa Gestiona Energía, que promueve el buen uso de los suministros energéticos en los edificios públicos. Para ello se creó una plataforma en línea¹ , donde se recopila la información pertinente a los consumos de energía de todos los edificios del sector público del país, para luego identificar potenciales medidas de eficiencia energética que ayuda en el ahorro de energía, en la disminución de sus gastos operacionales y en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
• En el marco de la reunión anual de la Agencia Internacional de Energía - AIE² (2019) Chile firmó un acuerdo para el intercambio de conocimiento en hidrógeno y para la actualización de la política energética de nuestro país.

Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, para lo que se establecerá una mesa público-privada que permitirá acordar una hoja de ruta dirigida a reflejar adecuadamente el costo social de utilizar combustibles fósiles, considerando los estudios y las recomendaciones internacionales más recientes, como aquellas del FMI y la OCDE, para avanzar en un plazo definido a alcanzar las metas del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

MINISTERIO DE HACIENDA

Principales Recomendaciones

A través de los estudios periódicos de OCDE sobre la economía (Economic Survey) de Chile, la Organización ha destacado la política monetaria, fiscal y el manejo macroeconómico de Chile como un ejemplo de buenas políticas públicas. A partir del año 2010, así como en una serie de ediciones, OCDE ha subrayado la regla fiscal nacional como una herramienta que ha ayudado a proteger nuestra economía de las fluctuaciones en el precio de cobre y del ciclo económico, limitando la volatilidad del gasto público y la inflación. Este escenario ha impulsado una confianza interna y externa, cuyo resultado se ha traducido en mayores niveles de crecimiento e inversión a lo largo del tiempo.

Asimismo, se ha enfatizado en los avances realizados para incrementar la transparencia y la rendición de cuentas respecto del marco regulatorio en la toma de decisiones. En esta línea, se destaca además la creación de una agencia de protección del consumidor financiero, la cual ha exigido a los bancos que informen el costo del crédito de manera más transparente.

Respecto a la regla fiscal, la OCDE destacó su contribución a la estabilidad económica, reconociendo las mejoras efectuadas al marco regulatorio a través de la creación del Consejo Fiscal Autónomo, que sustituye al anterior Consejo Asesor Fiscal¹, y cuyo objetivo es mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del marco fiscal del país.

En las ediciones 2015 y 2018, el OECD Economic survey continuó valorando la adecuada implementación de la regla fiscal en Chile, destacándola como un elemento importante dentro de la política monetaria y del manejo macroeconómico de nuestro país, y recomendando avanzar hacia una mayor consolidación fiscal, dado el escenario internacional de ese entonces.

Durante el mismo año (2018) el Director del Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, respaldó el proyecto de Modernización Tributaria que impulsaba nuestro país, en tanto varias medidas de la reforma propuesta promoverían la inversión y el crecimiento, mencionando el retorno a un sistema tributario único y totalmente integrado; el nuevo y mejorado régimen para las pequeñas y medianas empresas; las reglas diseñadas para mejorar la certeza tributaria; la depreciación tributaria acelerada; y la devolución en menos tiempo del IVA soportado en la adquisición de activos fijos. Asimismo, la versión final del proyecto, aprobada por el Congreso en enero de 2020, incluyó el establecimiento de un registro simplificado para el pago de IVA por proveedores extranjeros de servicios, como fue recomendado por la Acción 1 del Proyecto BEPS de la OCDE y el G20 y con el apoyo técnico de la OCDE.

Es importante señalar que la OCDE ha asesorado al Ministerio de Hacienda desde marzo de 2020 en materia de gasto tributario y de impuestos correctivos. En relación a esto último, se creó la Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, cuyo objetivo es analizar, con una visión de mediano-largo plazo, la dirección en la cual debe avanzar nuestro sistema tributario. Uno de los principales insumos para el análisis de esta Comisión es el reporte de gasto tributario e impuestos correctivos elaborado en conjunto por la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. La comisión está conformada por 18 destacados economistas especialistas en desarrollo económico y/o tributación, y la OCDE acompañará el proceso de definición de esta hoja de ruta tributaria compartida con la asesoría técnica y la entrega de data que sea requerida por la comisión.

Avances

• Chile ha demostrado continuamente su compromiso de hacer realidad sus ambiciones digitales. En 2018 el Ministerio de Hacienda y OCDE firmaron un Convenio para fortalecer ChileAtiende, en virtud del cual expertos de la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, Reino Unido y México expusieron en nuestro país sobre los modelos de atención ciudadana en el mundo, con el fin de levantar información de diagnóstico que permitiese fortalecer y expandir ChileAtiende.
  
  En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda junto a la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y la OCDE, avanzaron en un estudio internacional para crear un modelo institucional para convertir a ChileAtiende en la red preferente de entrega de servicios integrados y multicanal del Estado, expandiendo el número de servicios públicos y trámites cubiertos actualmente por el Servicio, mediante los canales presencial, telefónico y web.

• En el marco del Programa de Modernización del Sector Público, el Ministerio de Hacienda ha establecido una estrecha colaboración técnica con la OCDE en materia de modernización del Estado, fortaleciendo la institucionalidad y estrategia del gobierno digital en Chile, creándose la División de Gobierno Digital, al tiempo que se han desarrollado acciones para acercarnos a un sistema de identidad digital en nuestro país que fortalezca los actuales mecanismos de acceso a servicios públicos digitales a través de ClaveÚnica. La creación de una identidad digital única mejorará la calidad de los servicios en los trámites en línea, al tiempo que eliminaría la necesidad de que los ciudadanos dispongan de claves diferentes para realizar un único trámite.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Principales Recomendaciones

Durante la primera Reunión Ministerial sobre Migraciones e Integración de la OCDE¹ (enero de 2020), el Secretario General de la Organización destacó el rol de liderazgo de nuestro país en materia migratoria, particularmente por la forma en que ha trabajado las corrientes migratorias que recibe desde algunos países de la región. Asimismo, el Jefe de la División de Migración Internacional de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, agregó que nuestro país tiene una experiencia única en lo que se refiere a migración, adaptando sus políticas de una manera proactiva, situación por la que los países de la OCDE pueden aprender de la experiencia nacional.

Avances

La vinculación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública con la OCDE se ha desarrollado principalmente a través de la Subsecretaría del Interior, específicamente en el área de extranjería y migración, hecho por el que su participación en el trabajo de la Organización se ha plasmado principalmente en la labor del grupo de trabajo Migraciones (Working Party on Migration)², donde Chile presentó el Proceso de Regularización Extraordinaria en virtud del cual nuestro país ha buscado regularizar la situación migratoria de todos aquellos extranjeros que se encontraban en territorio chileno de forma irregular³, destacándose que, de un total de 155.483 peticiones de Visas Temporarias de Regularización Extraordinaria, un 88,5% fue otorgado, un 5% fue rechazado y el resto no acogido por no cumplir con los requisitos legales.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Principales Recomendaciones

El informe y recomendaciones de la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (publicado en junio de 2016) ¹, destaca particularmente los avances, obstáculos y desafíos en materia de política ambiental de nuestro país, en áreas tales como desempeño ambiental, gobernanza y gestión medioambiental, crecimiento verde, cambio climático y conservación y uso sostenible de la biodiversidad entre 2005 y 2016.

Puntualmente, Chile destacó en el cumplimiento de grandes hitos, como lo fueron la creación del Ministerio del Medio Ambiente; el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); la implementación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (instancia de coordinación horizontal entre múltiples autoridades nacionales con responsabilidades ambientales); la creación de los Tribunales Ambientales (como un reforzamiento del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos); y con el acceso a la información ambiental a través de la consolidación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

Avances

El trabajo con la OCDE en materia medioambiental se remonta al año 2005, con la primera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile², sin embargo, nuestra participación oficial en la Organización comenzó en 2010, impulsada a través de una inserción continua en distintas las instancias de trabajo que son de interés para la agenda nacional.

Como consecuencia de nuestra participación en la OCDE se han creado sinergias y convergencias entre las recomendaciones de la Organización y las normas / regulación nacional medioambiental, lo que se ha traducido en logros logros en materia de política pública ambiental, respecto de los que podemos destacar:

• Acuerdo alcanzado en la reunión Ministerial del Consejo de la OCDE de 2014, donde se planteó la necesidad de ampliar los incentivos a la inversión privada en infraestructura de baja emisión de carbono, el fomento de bienes y servicios «verdes».
• Participación en el Grupo de Expertos en Cambio Climático - CCXG, desde febrero de 2010 (grupo ad-hoc convenido conjuntamente por la OCDE y Agencia Internacional de Energía - AIE, que reúne a expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático).
  
  El CCXG busca realizar aportes para una política internacional sólida y eficiente como respuesta al cambio climático, velando por la robustez de las metodologías que se promuevan, así como la mayor transparencia de sus miembros, en línea con los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
• Proyecto de ley para la creación de un Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que permitirá contar con un servicio que lidere la conservación de la biodiversidad en Chile, coordinando a los distintos actores en torno a su gestión sectorial.
• Implementación de políticas medioambientales a nivel nacional e internacional, junto con la integración de la toma de decisiones económicas, sociales y medioambientales, con especial énfasis en los avances en planes de descontaminación atmosférica y cambio climático y la creación de nuevas áreas protegidas tanto terrestres como marinas.
• Implementación de un sistema tributario verde, el aumento de inversiones relacionadas a infraestructura medioambiental y la expansión de mercados verdes y capacidades de innovación. Se hizo énfasis en la necesidad de una política climática coherente y la continuación del desarrollo institucional en materia de biodiversidad.
• Mejor medición del progreso de políticas medioambientales y promoción de un diálogo político continuo entre países, a través de la revisión entre pares y el estímulo de una mayor responsabilidad de los gobiernos hacia su opinión pública.

MINISTERIO DE MINERÍA

Principales Recomendaciones

En el informe Revisión de la Política de Transformación Productiva, la OCDE detalló que la productividad total de factores del país se ha mantenido estancada desde la década de los noventa, en gran medida por el bajo desempeño del sector minero, que vio un declive promedio anual de 4,7% entre 1993 y 2015. Asimismo, señaló que la natural baja en las leyes de los yacimientos más antiguos implica un mayor uso de energía, inversión, insumos y recursos humanos lo que resulta en una menor productividad.

OCDE destacó que esta situación no se limita únicamente a Chile, sin embargo, al comparar la realidad doméstica con un parámetro internacional, los resultados mostraron que, en 2015, mover mil toneladas de material en las minas chilenas requería una media de 67 horas, más del doble del promedio de 30 horas en las faenas con mejores prácticas en Australia, Canadá, Suecia y EE.UU. Además, las minas en Chile emplean 1,8 personas de apoyo técnico por planta, frente al promedio global de 1,3. No obstante, mucha de esta diferencia se explica por las condiciones naturales de los yacimientos que hay en chile.

Por su parte, durante el tercer Encuentro de ciudades y regiones mineras de la OCDE (2019) se destacó la importante contribución al desarrollo económico de las industrias mineras y extractivas (especialmente para Australia, Canadá, Chile, Finlandia, México, y EE.UU.), puntualizando que las regiones mineras tienen el potencial de atraer inversión y aumentar la productividad, elemento necesario para poder dar respuesta a la demanda global de minerales, metales, petróleo y gas, situación por la que el desarrollo de políticas públicas centradas en el bienestar, equilibrio medioambiental y diversificación económica de las regiones y ciudades mineras resultan fundamentales.

Avances

Plan Nacional de Depósitos de Relaves (2019)¹, que regula los proyectos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves, contemplando, entre otras cosas, que la tecnología adoptada para el manejo de los relaves debe asegurar el desarrollo sostenible e integral de la industria minería.

Cabe destacar que, el tercer eje del referido Plan Nacional contempla la transformación de un pasivo en un activo, fomentando la extracción de valor desde los depósitos de relaves, haciéndose expansivo este pilar a los depósitos artificiales mineros, tales como, botaderos, escoriales, ripios de lixiviación, pilas de descarte, entre otros. Esto trae consigo el desarrollo de una nueva industria que permita nuevas inversiones, lo cual se traduce en mayor empleo y recursos mineros.

Además, el Plan Nacional reconoce la necesidad de incorporar nuevas tecnologías en la gestión de los depósitos de relaves, por lo que buscara promover la innovación y desarrollo de nuevas ideas relacionadas a la remediación de pasivos, el reprocesamiento y nuevos usos de los depósitos de relaves.

Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (2017) busca incorporar nuevos estándares en el desarrollo de proyectos mineros. Así, los lineamientos de la OCDE en materias de relaciones comunitarias y debida diligencia contribuyen a hacer más sostenible el desarrollo del sector minero y sus proveedores generando mayores beneficios para las comunidades en que se desenvuelven y para el país en su integridad, aportando así, a la legitimidad del sector.

MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

Principales Recomendaciones

La Recomendación (2013) del Consejo de la OCDE sobre la Igualdad de Género en la Educación, el Empleo y el Emprendimiento (Recommendation of the Council on Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship), que promueve - entre otras cosas - la adopción de prácticas que mejoren las condiciones de trabajo para facilitar que las mujeres participen más en el empleo del sector público y privado. También recomienda aumentar la representación de las mujeres en puestos de adopción de decisiones, eliminar la brecha salarial de género discriminatoria, promover todas las medidas adecuadas para poner fin al acoso sexual en el lugar de trabajo, reducir la brecha de género en la actividad empresarial y prestar atención a las necesidades especiales de las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, desfavorecidos y migrantes.

En este contexto, existen un número variado de políticas nacionales que se han ajustado a dichas recomendaciones, pudiendo destacar:

• Implementación de la norma NCh-3262 (2019), que busca promover la igualdad entre hombres y mujeres, a través de la implementación de un Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de responsabilidad compartida al interior de las organizaciones , estableciendo requisitos mínimos que se deben cumplir para mejorar la eficiencia, eficacia y promover un mayor compromiso con el desarrollo y el bienestar de las personas.
• Proyecto de Ley (2018), que crea el beneficio social de educación en el nivel de sala cuna, financiado por un fondo solidario . Tiene por objetivo otorgar acceso a las trabajadoras regidas en virtud de un contrato bajo la normativa del Código del Trabajo, como también las trabajadoras independientes, a un beneficio de sala cuna para hijos menores de dos años, a través de la creación de un beneficio social, financiado en base a un fondo solidario que, además, considera incorporar mecanismos que hagan posible una mayor corresponsabilidad, y entregar más y mejores herramientas al desarrollo integral, fomentando la participación laboral femenina.
• Implementación de los programas Capital Humano para la Innovación en Empresas de Mujeres de CORFO y Crece Mujer Emprendedora de BancoEstado (2015) que buscaron impulsar acciones de innovación enfocado en la igualdad de género en las empresas.
• Programa + Capaz, dedicado a capacitar a 300 000 mujeres entre 2014 y 2018, incluyendo un servicio de guardería para facilitar la capacitación.
• Programa Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género (establecido en 2012) cuyo objetivo fue buscar promover la reducción en las brechas de género.
• La reforma educacional de 2014 contempló la creación de 3000 nuevas aulas para salas cunas y jardines infantiles durante el período 2014-2018.
• Programa De 4 a 7, para cuidado de niños después de la jornada escolar en más de 130 comunas. El programa estuvo destinado a madres trabajando o buscando trabajo.
• Desde 2013, se han establecido metas voluntarias para que las mujeres representen el 40% de los directorios de las empresas estatales. También se incorporaron requisitos de transparencia sobre la composición de directorios en términos de género en las sociedades privadas.
• Desde 2016, se implementaron cuotas de género en las listas parlamentarias, limitando el porcentaje de cada sexo a un máximo de un 60%.

Asimismo, se está trabajando permanentemente en el desarrollo de indicadores de género a través del Instituto Nacional de Estadística - INE.

Así también, durante 2016 se publicó el estudio de la OCDE sobre la Igualdad de Género en la Alianza del Pacífico, que concluyó que tanto Chile, como Colombia, México y Perú han logrado importantes adelantos en la participación de la mujer en la toma de decisiones; los años de escolaridad de las niñas; el ingreso de la mujer al mercado laboral; y la protección social para las familias, sin embargo, se destaca que la desigualdad económica se mantiene alta en toda la región, con un efecto especialmente duro en las mujeres, particularmente en aquellas pertenecientes al ámbito rural, con bajos ingresos y menor nivel educativo.

Por otro lado, se destacó que la maternidad genera dificultades para las mujeres con trabajo remunerado, dificultando aún más que las mujeres compitan equitativamente en la fuerza laboral, por consecuencia tienen menos probabilidades de conseguir un empleo remunerado que las que no tienen hijos. Así, el reporte destaca que la política chilena es la más generosa de la Alianza del Pacífico, ya que ofrece a los padres la posibilidad de compartir 12 semanas de licencia parental.

Por su parte, las publicaciones OECD Economic Survey: Chile (2015) y el Report on the Implementation of the OECD Gender Recommendations – Some progress on gender equality but much left to do (2017) destacaron que la brecha de género (en términos de participación laboral) es más importante en Chile que en el promedio de los países OCDE, hecho por el que se recomienda especialmente mejorar el acceso y calidad de salas cunas y jardines infantiles; aumentar los recursos dedicados a políticas laborales activas que se enfoquen en la participación laboral de las mujeres; e incorporar problemáticas relacionadas con cuestiones de género en el debate público mediante campañas de informaciones.

Avances

A partir de 2020 el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha adoptado un rol activo dentro del recientemente lanzado Working Party on Gender Mainstreaming and Governance, que forma parte del Public Governance Committee. Junto a Canadá, Suecia, Suiza y Reino Unido, Chile forma parte del Bureau del grupo que tiene por objetivo discutir e impulsar medidas para la transversalización del enfoque de género en los Estados miembros de la OCDE. En este contexto, Chile   ha tenido la oportunidad de presentar la experiencia nacional respecto de cómo el Estado puede incorporar una perspectiva de equidad de género en la recuperación económica derivada del COVID-19; al igual que respecto del acceso de las mujeres a la justicia frente a casos de violencia doméstica y limitaciones de movilidad creadas por la pandemia.

Como parte del grupo técnico en contra de la violencia hacia la mujer , Chile ha colaborado en el desarrollo del estudio Strengthening governance and survivor-centric approaches to eliminating gender-based violence: Towards a framework (2020), cuyo objetivo es identificar una serie de elementos clave que podrían informar el desarrollo de una herramienta práctica para que los países establezcan e implementen estrategias efectivas contra la violencia de género, incluida la creación de marcos institucionales y vías para el acceso a la justicia para las víctimas.

Por su parte, destaca el estudio de OCDE Gender Equality in Selected Latin American Countries: Towards a better sharing of paid and unpaid work. Este estudio, liderado por la Dirección de Trabajo y Asuntos Sociales de OCDE desde finales de 2019, tiene por objetivo revisar las brechas de género existentes en materia de educación y trabajo, además de los factores que impulsan estas brechas. Asimismo, presentará una recopilación de políticas públicas que promuevan una distribución más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado.

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Principales Recomendaciones

En materia previsional, diversos informes de la OCDE han sugerido a Chile la necesidad de aumentar las cotizaciones para el sistema de ahorro previsional como una forma de lograr mejores pensiones.

También en el área de pensiones, la OCDE ha recomendado aumentar el pilar solidario para financiar las pensiones de los jubilados con pensiones bajas. Al respecto, cabe destacar la ley que aumenta gradualmente en 50% la Pensión Básica Solidaria y entre 25% y 30% la Pensión Máxima con Aporte Solidario, promulgada en diciembre de 2019.¹

Avances

Para nuestro país ha sido fundamental contar con el apoyo de la OCDE para poder avanzar y perfeccionar en diferentes ámbitos del trabajo y la previsión social. Un ejemplo de ello tuvo lugar el año 2015, con la actualización de las tablas de mortalidad para el cálculo de las pensiones, que contó con la asesoría técnica de la OCDE, desde su experiencia en construcción de metodologías y aplicación de modelos.²

Por otra parte, han sido relevantes los avances en transformación tecnológica; en este sentido, Chile³ muestra un patrón similar al de los países avanzados, ya que durante los últimos 15 a 20 años, la proporción de empleos de alta y baja cualificación aumentó, mientras que la proporción de empleos de mediana cualificación disminuyó.⁴ Asimismo, otro avance relevante dice relación con la obligatoriedad de cotización previsional de ciertas categorías trabajadores a honorarios, que comenzó en la operación renta de 2019, recibiendo cobertura en Seguridad Social a partir del primero de julio del mismo año.⁵

Sin duda, las recomendaciones de la OCDE han sido un impulso para mejorar el grado de inclusión en el mercado laboral nacional. Nuestro país ha presentado una de las mejoras más significativas entre las economías emergentes, puesto que la brecha de género en participación laboral ha disminuido en más de un 10% (a partir del año 2000 en adelante).⁶

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

Principales Recomendaciones

Puerto de Gran Escala: The case for a New Container Terminal in Central Chile¹. Durante 2013 y 2014 se desarrolló una Mesa Redonda referida al trabajo del Puerto de Gran Escala en la zona central de Chile², donde participaron representantes del sector público y privado. Esta iniciativa trató sobre el desarrollo de un gran terminal para contenedores y sus necesidades en particular, no sólo para Chile, sino que también para la costa latinoamericana oeste. Esta instancia permitió confirmar que nuestro país estaba trabajando en la dirección correcta; con el ejercicio de planificación anticipada que se estaba desarrollando, se identificó el tipo de conectividad terrestre iba a ser requerida y qué sistemas de coordinación de actores de la cadena logística serían necesarios, entre otros elementos.

Ports Policy Review of Chile³. Durante 2016 y 2017 se desarrolló una amplia revisión de la política portuaria chilena, tanto a nivel general como en distintos aspectos particulares, incluyendo el desarrollo de infraestructura y los regímenes laborales de contratación de trabajadores portuarios.  Se revisó el desempeño de los puertos chilenos y se identificaron los principales cuellos de botella para un buen desempeño dentro de esas políticas. Se obtuvo un conjunto de recomendaciones respecto a necesidades de mejoramiento del marco normativo chileno, y en general, de la regulación del sector, como por ejemplo la necesidad de formular una estrategia unificada de puertos y logística para Chile, introducir incentivos de desempeño para el pilotaje, desarrollar un acuerdo de trabajo portuario conjunto a largo plazo, liberalizar el cabotaje, crear un campo de juego nivelado para todos los modos de transporte en el interior, modernizar la gobernanza portuaria, crear un marco para políticas de puertos verdes y mejorar las relaciones puerto-ciudad. 

Strategic Infrastructure Planning Working Group. Durante 2019, Chile participó activamente en el grupo, cuyo reporte final saldrá durante 2020, y que busca lograr un enfoque estratégico para la toma de decisiones de gastos para garantizar sistemáticamente que las decisiones de gastos de infraestructura se “optimicen” (es decir, que se maximice la tasa de rendimiento social de los proyectos). El tamaño del gasto en infraestructura implica que los costos de oportunidad de los malos proyectos sobre mejores opciones de inversión son muy altas.

Avances

La participación de Chile en materia de transportes comenzó en el año 2012, cuando el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se unió al Foro Internacional de Transporte – ITF. El ITF es una organización intergubernamental dentro del ambiente de la OCDE, creada en 1953, que constituye el único organismo global con un mandato para todos los modos de transporte. Actúa como un grupo de expertos para las cuestiones de política de transporte y organiza la cumbre mundial anual de ministros de transporte.

Trabajar con el ITF otorga a Chile el acceso a redes de expertos independientes, lo que permite contactar a los mejores especialistas para las distintas iniciativas que se trabajan en nuestro país, y acceder a conocimientos y experiencias de clase mundial en el diseño e implementación de las políticas públicas de transporte. 

En relación a la participación y trabajo colaborativo de Chile en el ITF, es posible destacar los siguientes avances:

• Logistics Observatory for Chile: Strengthening Policies for Competitiveness⁴. En 2015, a partir de un workshop que tuvo lugar en diciembre de 2014, se realizó un trabajo para el diseño del Observatorio Logístico para Chile, que es una plataforma abierta basada en Internet, donde se puede encontrar información sobre Transporte Marítimo, Transporte Ferroviario, Transporte Carretero, Transporte Aéreo, Indicadores Socioeconómicos y de Actividad Económica, Medio Ambiente y Energía, Origen/Destino de Carga, Infraestructura de Carga e Indicadores de Desempeño Logístico, entre otras informaciones. Las recomendaciones de este trabajo se plasmaron en un informe, que sirvió de sustento para el desarrollo del Observatorio Logístico⁵ (lanzado en febrero de 2017). 
• Publicación del Decreto Ex. 1802 de 2017, donde se establecen prioridades de política para las empresas portuarias estatales, para guiar su planificación anual y el establecimiento de metas por parte del Ministerio de Transportes y DIPRES para ellas.
• Seguridad Vial: Durante 2017, ITF trabajó con CONASET y el Ministerio de Transportes en un proyecto de Seguridad Vial en Chile y otros 9 países de Latinoamérica, en una iniciativa conjunta con municipalidades. La iniciativa culminó con la redacción de un informe⁶ que identifica las similitudes y diferencias en el desempeño de la seguridad vial entre los países, además de entregar recomendaciones específicas para Chile.
• Connecting Remote Communities. En 2019 ITF y el Ministerio de Transportes trabajaron durante todo el año en la Mesa Redonda “Connecting Remote Communities”⁷, que exploró políticas para garantizar el acceso adecuado a servicios de transporte indispensables para los residentes en regiones escasamente pobladas. Su objetivo fue proporcionar información sobre cómo los diferentes países abordan el desafío de conectividad para las comunidades remotas y rurales, y describió los métodos para evaluar el nivel de conectividad entre los modos de transporte y también a través de otros medios, como los servicios basados en Internet. Es relevante recalcar que se consideraron los enfoques para medir la relación calidad-precio de las diferentes opciones de política. 
• Accesibilidad. En 2020 se completará el trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar indicadores de accesibilidad para cuatro ciudades latinoamericanas, una de las cuales es Santiago.  El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones aportó con datos e información para poder llevar a cabo este estudio.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

Principales Recomendaciones

Entre 2013 y 2016¹, la OCDE realizó un estudio que analizó el subsidio para comprar una vivienda construida de hasta 950 UF (DS49) y el Programa de Subsidio de Arriendo (DS52), en donde se reconoce que Chile ha progresado considerablemente en la promoción del acceso a viviendas asequibles de buena calidad en las últimas dos décadas y que la proporción de hogares que no tienen vivienda o que viven en viviendas de calidad inferior ha caído del 23% en 1992 al 10% en 2011.

Por otra parte, la OCDE ha sugerido que un mayor acceso a la vivienda arrendada para familias de ingresos bajos y medios puede ayudar a mejorar la movilidad residencial y reducir la segregación. Al respecto, la organización ha resaltado el programa de subsidio de arriendo (del 2013), que se inició como un piloto para familias jóvenes, sujetos a la condición socioeconómica. El subsidio permite el cambio por reubicación y brinda alguna flexibilidad de pagos para evitar desahucios ante una pérdida temporal de ingresos. Este programa se ha ampliado y flexibilizado con el tiempo y hoy se utiliza también para apoyar a adultos mayores, familias de clase media, familias que viven en condiciones de hacinamiento extremo y más recientemente, como un apoyo transitorio a aquellos arrendadores que han perdido el empleo producto de la crisis económica del COVID-19. Para la OCDE, este programa es un buen inicio para una política habitacional con una postura más neutral respecto a la propiedad de la vivienda en Chile; sin embargo, se recomienda considerar acciones que apoyen la oferta de viviendas para arriendo privadas y de buena calidad, pero también de tipo social.²

En relación a lo anterior, desde hace unos años el MINVU se encuentra trabajando en un nuevo programa que permita entregar incentivos para la generación de oferta de viviendas en arriendo. A la fecha, se han realizado algunos proyectos piloto donde los municipios son los gestores, pero se espera que el nuevo programa permita que tanto el sector público como el privado puedan participar de la provisión de viviendas en arriendo en ubicaciones céntricas, propendiendo a la integración social. Este programa debiese comenzar a operar dentro de los próximos años.

Avances

Para nuestro país ha sido muy importante participar en la elaboración y contar con los instrumentos de la OCDE en materia de vivienda. Es así como la base de datos de Viviendas Asequibles 2019 de la OCDE ha sido una herramienta fundamental para supervisar el acceso a viviendas asequibles de buena calidad y fortalecer los conocimientos para la evaluación de políticas. Junto a otros 44 países, nuestro país proporcionó información específica para la elaboración de esta base de datos.³

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Principales Recomendaciones

Para Chile, la membresía ha sido fundamental para impulsar la adopción de los estándares internacionales desarrollados por la OCDE, implementando tanto en su legislación nacional como en convenciones internacionales las principales iniciativas promovidas por la OCDE en materia tributaria y de transparencia de estos últimos años. En esta línea, destaca, entre otros, la suscripción de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Tributaria.²

Esto le ha permitido a Chile ser reconocido como un país que cumple con los estándares internacionales adoptados, junto con mantener su sistema tributario actualizado ante los desafíos y exigencias de la globalización y el incremento de las operaciones internacionales a nivel global.

Avances

Chile ha sido pionero en incorporar en sus nuevos Convenios para evitar la doble tributación disposiciones para impedir el uso abusivo de convenios (incluido el llamado “treaty shopping”). Nuestro país no tiene regímenes tributarios preferenciales nocivos (tipo “patent boxes”), ya que ha tomado las medidas necesarias para eliminar aquellos regímenes que se consideraron potencialmente riesgosos.³

Asimismo, nuestro país ha avanzado en la digitalización de la economía, al incorporar en su legislación la recomendación OCDE de establecer un régimen simplificado de registro y pago de IVA para los proveedores extranjeros de servicios digitales transfronterizos a personas naturales.⁴

Por otra parte, Chile ha participado activamente en los enormes progresos que ha promovido la OCDE para establecer normas elevadas de transparencia e intercambio de información para fines tributarios, a fin de mejorar la capacidad de las autoridades tributarias para disuadir, detectar y desbaratar la evasión y el fraude en materia tributaria, a través de la participación en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios.⁵

Además, Chile ha sido calificado como “largely compliant” por la OCDE en la evaluación de la implementación de los estándares internacionales fijados en materia de intercambio de información. 

Otros avances destacados

• La gestión del SII ha sido fortalecida y modernizada, alineándose al paradigma promovido por la OCDE en la relación de las administraciones tributarias y los contribuyentes, cuyo objetivo es fortalecer el cumplimiento tributario a través de la cooperación. En este sentido, desde el año 2015, el SII ha implementado un Modelo de Gestión Estratégica (MGE), que se centra en fiscalizar al contribuyente en base a su nivel de riesgo sobre el cumplimiento tributario, velando por la disminución de la evasión a través del Plan de Gestión del cumplimiento tributario (principal instrumento del modelo de gestión).⁶
• En cuanto a la lucha contra la elusión fiscal, la normativa nacional ha sido robustecida al incorporar y recoger las directrices de la OCDE en esta materia. Es así como en 2014, la Ley Nº 20.780⁷ estableció por primera vez en el ordenamiento tributario nacional una norma general antielusión que permite perseguir la correcta tributación de actos y contratos que dan lugar a una planificación tributaria, así como también, regula de manera expresa la figura de la simulación para los efectos de la correcta determinación de la obligación tributaria.⁸
• Con respecto a los estándares mínimos a ser aplicados en materia de tributación internacional, Chile se encuentra al día, con un enfoque estandarizado de la documentación de Precios de Transferencia en el sistema tres niveles (conforme a lo requerido por la Acción 13 del Proyecto BEPS de la OCDE),⁹ incorporando dos nuevas declaraciones juradas para el próximo año.¹⁰ Esto se materializó mediante la publicación de la Resolución N° 126 del 2016, que estableció la obligación de presentar la declaración jurada anual denominada “Reporte País por País”,¹¹ y la Resolución Nº 101 del 2020, que estableció la obligación de presentar declaraciones juradas anuales informativas de precios transferencias.¹²
• Chile ha incorporado el Estándar Común de Reporte (CRS) para el intercambio automático de información tributaria, estándar que busca evitar estrategias de planificación tributaria agresiva. Esto se concretó con la publicación del Decreto Nº 418 (2017)¹³ que aprueba reglamento que establece obligaciones de identificación de cuentas de no residentes que deben efectuar las instituciones financieras,¹⁴  y de la Resolución Nº 48 (2018),¹⁵ que marca la etapa final de implementación del CRS.¹⁶
• En el ámbito del quehacer institucional, el plan estratégico del SII contempla la mirada constante a los países OCDE y el monitoreo de sus iniciativas exitosas como una forma de mantenerse a la vanguardia tributaria.¹⁷

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Recomendaciones

La SUBDERE se ha beneficiado particularmente de los siguientes documentos y estudios publicados por la OCDE:

• El Territorial Review Chile (2009): Un insumo que fue de relevancia para fortalecer los instrumentos de política regional.
• Urban Policy Review Chile (2013): En este caso, el documento fue relevante para trabajar en los estándares para determinar cuándo estamos frente a un área metropolitana en Chile. Además, sirvió de base para para la política nacional de desarrollo urbano y para el establecimiento de la metodología de áreas funcionales (2020) en conjunto con MINVU, INE y SECTRA.
• Making Decentralisation Work in Chile (2017), estudio solicitado por la SUBDERE a la OCDE. Se trata de un estudio de gobernanza multinivel, enfocado en el fortalecimiento del trabajo en materia municipal. La síntesis, en español, se titula: Revisión de Gobernabilidad Multinivel en Chile: Modernización del Sistema Municipal, y contiene conclusiones y recomendaciones que han sido de interés en la producción de estudios internos de SUBDERE.
• Making Decentralisation Work. A handbook for Policy-Makers (2019): Se trata de una importante guía para los países que están implementando políticas de descentralización. En este, la OCDE recoge la experiencia de sus países miembros en los últimos cincuenta de años, formulando recomendaciones que permitan una exitosa implementación de las políticas de descentralización. Además, contiene información sobre los niveles de descentralización de los países miembros de la OCDE.
• Report World Observatory on Subnational Government. Finance and Investment (2019): Este informe recopila información financiera de sesenta y dos países, con el objetivo de conocer el nivel de descentralización de la inversión de los fondos públicos. Se trata de una importante fuente de información que permite comparar a los distintos países y conocer las tendencias en materia de descentralización fiscal.

La SUBDERE, además, está constantemente respondiendo requerimientos de la OCDE que permitan fortalecer sus investigaciones como, por ejemplo, respondiendo las encuestas del Comité de Políticas de Desarrollo Regional.

Avances

SUBDERE ha trabajado de manera permanente con la OCDE, incorporando en su quehacer diversos trabajos y propuestas de estudios en materia de descentralización y de caracterización regional, lo que ha servido, entre otras cosas, para determinar las localidades en condición de aislamiento en Chile. Asimismo, se ha enriquecido el proceso de elaboración y adecuación de las políticas públicas conforme las necesidades específicas de nuestro país, mediante la implementación de aquellos indicadores para políticas públicas que permiten considerar la vasta heterogeneidad del país, mediante clasificaciones y tipologías comunales/municipales multivariable. ³

Nuestro país ha mejorado el sistema de asignación de fondos no condicionados al ámbito municipal, mediante la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Local (FNDL). Dicho avance contribuye a disminuir el grado de dependencia respecto al gobierno nacional, y por tanto, a reducir la brecha que existe en esta materia respecto a los países desarrollados.⁴

SUBSECRETARÍA DE PESCA Y ACUICULTURA

Recomendaciones

En su estudio An Appraisal of the Chilean Fisheries Sector (2009) la OCDE expresó que a pesar de que Chile es uno de los principales actores del panorama pesquero mundial, durante los últimos 50 años, ha enfrentado problemas de sobreinversión; fuertes disminuciones en los niveles de captura; disputas entre las partes interesadas; reducción de flota; y enfermedades de la acuicultura, entre otros.

Así, la gobernanza de los sectores industrial, artesanal y acuícola ha seguido diferentes caminos en el desarrollo de políticas y la gestión actual refleja las presiones particulares que enfrenta cada segmento del sector, destacando que el Estado chileno ha sido una de las principales fuerzas detrás de estos desarrollos, sentando las bases para un sector pesquero y acuícola fuerte y robusto.

Asimismo, en su documento OECD Review of Fisheries: Policies and Summary Statistics (2015 y 2017) se revisó la evolución de políticas y actividades en los sectores de la pesca y la acuicultura de los países de la OCDE y las economías participantes¹, destacando respecto de Chile:

• La reforma pesquera chilena, que incluye la promulgación (2012) de una nueva ley relativa a los descartes, que contiene medidas de control y sanciones para la pesca industrial y artesanal.  El nuevo enfoque implementado por esta ley reconoce la necesidad de una evaluación inicial del problema y luego el diseño y la aplicación de las medidas necesarias.
  
  En 2013 se promulgó una nueva ley de pesca para aplicar reformas amplias, con el principal objetivo de promover y resguardar la sostenibilidad de la pesca, con referencia expresa al enfoque por ecosistemas y al principio de precaución.
  
  La referida ley, incluye definiciones de puntos de referencia biológicos y de rendimiento máximo sostenible; un proceso de adopción de decisiones basado en el asesoramiento científico; un mandato para elaborar planes de ordenación para las pesquerías de acceso cerrado; planes de reconstrucción para las pesquerías sobreexplotadas y agotadas; y   medidas de conservación para los ecosistemas marinos vulnerables (EMV), como los fondos marinos, incluida la prohibición de la pesca en el fondo del mar si causa daños. Además, la ley estableció nuevos elementos de control para las embarcaciones artesanales, incorporando en el sistema de monitoreo satelital de naves a todas las embarcaciones que miden más de 15 m de eslora, las embarcaciones de cerco de más de 12 m de eslora y todos los buques de transporte². Además, la nueva ley armoniza muchas normas con las normas internacionales, como el mantenimiento de libros de registro y la existencia de puertos de desembarque específicos para los pescadores en pequeña escala.  
• Acciones ejecutadas para detener la pesca ilegal, que luego fueron potenciadas a través de la aprobación (2019) de una ley para fortalecer el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, organismo encargado del seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras y acuícolas. La Ley proporcionó nuevas facultades e instrumentos para combatir la pesca ilegal y no declarada y algunas conductas asociadas a la pesca ilegal que ahora se consideran como delitos. Así, se han incorporado más de 200 inspectores al Servicio Nacional de Pesca y, mediante un modelo basado en el riesgo, se ha mejorado la eficacia de la supervisión. Además, se ha creado una Unidad de Inteligencia para reunir y gestionar información sobre actividades ilegales y se ha mejorado el sistema de rastreo de las operaciones de pesca.
• Iniciativas para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático, de los sectores de pesca y acuicultura, incluyendo varias medidas en marcha que apuntan a una mejor capacidad de adaptación, entre ellas el Plan de Adaptación al Cambio Climático para la Pesca y la Acuicultura aprobado en 2015.

Avances

La relación de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura con la OCDE comenzó en mayo de 2005, a través del trabajo colaborativo para revisar las políticas que se incluirían en el informe de Evaluación del Desempeño Ambiental de Chile, 1990-2004, así como para responder a las 52 medidas sugeridas por la Organización, que permitirían mejorar la competencia nacional en el sector. También la Subsecretaría estuvo estrechamente ligada en 2008 al trabajo para elaborar el documento An Appraisal of the Chilean Fisheries Sector, publicado en 2009. 

Desde entonces, dicha Subsecretaría ha estado monitoreando el trabajo desarrollado por la OCDE, utilizando sus políticas y matrices de información para desarrollar las siguientes acciones:

• A fin de prevenir condiciones perjudiciales, ambientales y sanitarias en la acuicultura, se ha emprendido la planificación de la tierra y la reubicación de grupos de concesiones.  Entre las nuevas medidas ambientales y sanitarias figura el establecimiento de estos grupos para contener las enfermedades mediante la restricción del transporte entre los grupos en caso de emergencia. También se ha establecido una reglamentación sobre densidades que limita el número de peces en un centro de cultivo como consecuencia de los malos resultados ambientales y sanitarios del período productivo anterior.
• Acciones para fortalecer la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala, a través de la creación en 2019 del Instituto Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Pesca Artesanal y la Acuicultura en Pequeña Escala (INDESPA). Su objetivo es fomentar y promover el desarrollo de la pesca artesanal y la acuicultura en pequeña escala. Sus acciones se centran en la diversificación productiva, el desarrollo integral de caletas, la infraestructura para la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala y la asistencia técnica y capacitación de los pescadores artesanales.
• Diagnóstico de las Principales Pesquerías Nacionales desde la perspectiva del Modelo de Recuperación Económica de Pesquerías propuesto por la OECD. El objetivo general de este estudio fue realizar un diagnóstico del estado del arte de las principales pesquerías posibles de ser recuperadas económicamente, teniendo en consideración aspectos biológicos, sociales, económicos y de gobernanza, cumpliendo con los siguientes objetivos:
• Diseñar una metodología (basada en los lineamientos propuestos por la OCDE, referentes a recuperación económica de pesquerías) que permita clasificar las pesquerías de acuerdo a su situación actual, en los distintos ámbitos de evaluación (Biológicos, Económicos, Sociales, Gobernanza);
• Como resultado del diagnóstico, establecer las brechas en cada uno de los aspectos analizados con respecto a una situación ideal y realizar un planteamiento de intervención que permita superarlas; y
• Proponer un plan piloto de recuperación para una pesquería seleccionada, tomando como base el modelo de recuperación de pesquerías propuesto por la OCDE.
• Identificación de indicadores sociales relevantes en la evaluación de las medidas de administración pesquera y acuícola. Su objetivo general es Identificar los indicadores sociales relevantes y pertinentes en la Evaluación de Medidas de Administración Pesquera y Acuícola, determinando una metodología adecuada y definiendo brechas de competencias.
  
  Este estudio surge de la necesidad detectada por la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura de contar con datos e información de la componente social de la pesca y la acuicultura, dada la relevancia que estos aspectos tienen al momento de tomar decisiones, con el fin de disponer de mecanismos que permitan palear los efectos sociales que generarán las medidas necesarias para avanzar en la recuperación de las mismas.
• Modelo de estructura de costo de la flota pesquera nacional y plantas de proceso (2014). Se desarrolla un marco teórico para fundamentar y establecer estructuras de costo de corto plazo para unidades productivas, ya sea de flotas o de plantas pesqueras, bajo dos perspectivas basadas en la teoría económica de la firma: una basada en la función de costos directos, que en el caso de una nave o embarcación pesquera, considera los factores de producción obtenidos de la desagregación del esfuerzo pesquero; una segunda se basa en la función de costos indirecta, para lo cual se asume que la unidad productiva es tomadora de precios y presenta un comportamiento minimizador de costos para lograr un nivel de producción determinado dado los precios de los factores del proceso productivo.
  
  De las brechas de información y el levantamiento futuro de información: En términos de periodicidad para la toma de datos se sugiere el esquema seguido por la OCDE que sigue un esquema bianual (OCDE, 2013), en base a encuestas muestrales

• Proyecto política pública: Diagnóstico de la Pesca Artesanal en Chile 2000-2011. Este estudio se circunscribe en el contexto del desarrollo sustentable de la pesca artesanal, esto es que debe ocuparse de equilibrar desafíos de crecimiento y desempeño económico, con aquellos de sostenibilidad ambiental y de la base de recursos naturales que la sustenta, así́ como de equidad en el acceso a los recursos y en la distribución de los beneficios generados, que se traduzca en mejoras e impactos positivos sobre la calidad de vida de las personas, agentes, actores e involucrados en la actividad extractiva pesquera de pequeña escala y así́ contribuya a la gobernabilidad en este sector productivo.

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

Recomendaciones

A partir de 1995, nuestro país solicitó ser observador de una serie de instancias de la OCDE, comenzando por el Comité de Inversión Internacional y Empresas Multinacionales de la OCDE (hoy Comité de Inversiones), acto en el que se efectuó una evaluación de la candidatura y políticas de inversión de Chile, que implicó adherir a una serie de instrumentos legales de la OCDE en la materia.

Asimismo, nuestro país solicitó participar como observador del Comité de Comercio, para lo que el referido Comité debió emitir su opinión respecto de la conveniencia técnica de la referida participación, a través de un informe en el que no sólo se recomendaba su aceptación, sino que también se destacaba el compromiso de Chile con el libre comercio, su solvencia y activo rol en la OMC. 

Por su parte, en la implementación de la Convención para Combatir el Cohecho a Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, Chile es evaluado periódicamente por el Grupo de trabajo de la OCDE sobre Cohecho, conformado por 44 países. El informe de la última evaluación (2018) detalló los logros y desafíos de nuestro país, incluyendo la implementación de sus leyes sobre cohecho extranjero, responsabilidad corporativa y detección del soborno transnacional.

Por su parte, junio de 2020, el Centro para la Conducta Empresarial Responsable de la OCDE publicó una Nota Informativa sobre Conducta Empresarial Responsable (en el marco del proyecto de Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe - CERALC). Esta publicación proporciona una visión general de los datos de inversión y comercio de Chile, y presenta los sectores de mayor importancia económica y de desarrollo en nuestro país, con particular énfasis en los sectores de agricultura, extractivos y minería.

En 2015 se lanzó el estudio denominado Diagnóstico de la Inserción de Chile en las Cadenas Globales de Valor, en el que se destacó el notable desempeño económico de Chile entre 1990 y 2014, atribuyéndolo - en gran parte - a nuestra política de liberalización comercial, la inversión y la integración con los mercados internacionales.

Por su parte, durante 2017, Chile fue el primer país latinoamericano en someterse voluntariamente a una evaluación de pares en materia de implementación, promoción y difusión de las Líneas Directrices de Responsabilidad Social para Empresas Multinacionales, revisión que fue plasmada en el NCP Peer Review Reportdel año 2018.

Avances

Por encontrarse radicado dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y por los temas propios de su giro, la relación de OCDE y SUBREI (antes DIRECON) se remonta a los inicios de la relación entre el Foro y Chile. Del mismo modo, hoy además de tener un rol de apoyo y coordinación nacional de cara a la participación en la Organización, SUBREI cubre distintas instancias de trabajo dentro de la OCDE, respecto de las que se pueden destacar los siguientes avances:

• Nuestra red de Tratados ha contribuido a la creación de nuevas oportunidades de negocios en prácticamente todas las regiones del mundo, fomentando la diversificación de nuestras exportaciones, la atracción de capitales extranjeros y la internacionalización de la economía chilena. De acuerdo a la OCDE, Chile posee la red de Tratados de Libre Comercio más poderosa del mundo, con acceso a más del 60% del PIB mundial¹ .
• Creación del Punto Nacional de Contacto de Chile para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (1997). Figura a través de la que se ha promovido la implementación de políticas más exhaustivas en materia de responsabilidad social empresarial; además de participar como miembro en el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; y prestar apoyo en la resolución de instancias específicas entre empresas multinacionales y distintas personas naturales o jurídicas.
• Incorporación de Chile al Centro para el Desarrollo de OCDE - DEV (1998). Centro el en el que, apoyado por el análisis de expertos de la Organización, los países comparten su experiencia en políticas de desarrollo económico y social, con la finalidad de ayudar a los tomadores de decisiones a encontrar soluciones de políticas públicas que permitan estimular el crecimiento y mejorar las condiciones de vida en las economías en desarrollo y emergentes. La membresía del Centro está abierta tanto a países OCDE como a países no pertenecientes a la Organización.
• Lanzamiento del Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (2016)² , como parte de la estrategia de relaciones globales que la Organización ha desarrollado, con el fin de incrementar su colaboración con países no miembros, lo que les permite realizar evaluaciones comparativas de políticas públicas e intercambiar buenas prácticas. Así, este programa fue copresidido por 3 años por Chile (miembro de OCDE) y Perú (no miembro OCDE).
• Restricciones al Comercio Internacional. La OCDE ha destacado a nuestro país como una economía abierta a los flujos del comercio e inversiones, contando con mínimas restricciones al comercio internacional.
  
  En efecto, en el índice de restricciones al comercio de servicios (STRI), Chile presenta un nivel de restricciones inferior al promedio de la OCDE (incluidos los países asociados)³ en 19 de los 22 sectores considerados en esta base de datos, lo que nos convierte en uno de los países con menores restricciones al comercio de servicios. Asimismo, se valora por parte de la OCDE el hecho que los servicios de contabilidad, legales y de transporte aéreo son los que tienen resultados más bajos. Por lo tanto, son los que cuentan con menores restricciones al comercio. En materia de transporte aéreo, Chile no cuenta, por ejemplo, con restricciones respecto a la exigencia de porcentajes de participación extranjera en la inversión de empresas de transporte aéreo.

• Facilitación del Comercio Internacional. En cuanto a los indicadores de facilitación de comercio (TFI), la OCDE ha señalado que Chile supera, o se aproxima, al mejor desempeño de los 11 indicadores de la muestra en todas las áreas del TFI, excepto en 3 áreas específicas, como apelación y cooperación. Asimismo, los indicadores muestran una mejora en el desempeño de nuestro país entre 2015 y 2017, en la mayoría de las áreas cubiertas en la base de datos, mientras que en el resto se ha mantenido estable. Ello demuestra el esfuerzo realizado por nuestro país en implementar el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC y la modernización de nuestros procedimientos aduaneros en los últimos años, contribuyendo a la reducción de los costos para el comercio internacional.

SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES

Recomendaciones

En 2013 se publicó el estudio de la OCDE Communications Outlook, en el que se señaló que a pesar de que nuestro país se acercaba de forma acelerada al promedio de la Organización en materia de inversión per cápita en telecomunicaciones y accesos totales a servicios de telefonía e Internet, también abordaba los desafíos pendientes en el sector, como la necesidad de reducir las tarifas por cargos de acceso en telefonía móvil y mejorar el bajo índice de penetración de redes de fibra óptica o de alta velocidad.

Por su parte, el estudio Recomendaciones de la OCDE para el fortalecimiento institucional del Gobierno Digital (2016) afirmó que el uso estratégico y coherente de las tecnologías digitales en el Estado genera efectos e impactos considerables tanto en los ciudadanos como en las empresas (mejora de la calidad de los servicios públicos; aumento de la transparencia; y mayor eficiencia), redundando en una mayor confianza en los gobiernos.

Por esta razón, la OCDE planteó la necesidad de que Chile avanzara paulatinamente hacia un modelo de gobernanza que asegure la coordinación y coherencia del Estado en el uso de las tecnologías de información y comunicación, identificando para ello buenas prácticas, que son comunes a la mayoría de los países de la Organización, planteando alternativas para avanzar en el desarrollo del gobierno digital en Chile.

Análogamente en junio de 2020, se liberó un estudio (patrocinado por el Ministerio de Economía) que analizó la regulación del sector de las telecomunicaciones de Chile: Enhancing economic and social outcomes in Chile: Improving the telecommunication sector (Assessment and Policy Actions). Este estudio entregó propuestas en áreas como: i) Aseguramiento de bajo nivel de barreras de mercado; ii) Compartición de infraestructura; iii) Regulación de Densidad de potencia; iv) Facilitación del Despliegue de infraestructura; v) Estructura para la Asignación de Espectro; vi) Medidas en pro de la independencia regulatoria.

Avances

• Informe Portal Broadband de la OCDE¹ (2019). De acuerdo con el reporte, los accesos de internet móvil en el país crecieron en 31,0% (junio 2017 a diciembre 2019); al tiempo que, en términos de penetración, estos pasaron de registrar 75,2 conexiones móviles por cada 100 habitantes a 94,6 conexiones móviles por cada 100 habitantes (mismo periodo), con un total de 18 millones de suscripciones. De esta manera, para dicho ítem Chile se ubica en el lugar 23 del ranking.
  
  En tanto, el crecimiento de los accesos de banda ancha fija en Chile fue de un 14,0% (junio 2017 a diciembre 2019), llegando a una penetración de 18 accesos cada 100 habitantes versus los 31,8 accesos cada 100 habitantes del promedio de los países OCDE. lo anterior es compensado positivamente por un buen desarrollo de las redes híbridas de cable coaxial y de las redes de fibra óptica, que representan a diciembre de 2019 un 81% del total de conexiones de banda ancha fija en Chile, cifra que en la OCDE alcanza un 62%.
• (2018) Participación en instancias internacionales de la OCDE² en materia de telecomunicaciones, a fin de consolidar Chile como un país líder en desarrollo tecnológico, contexto en el cual se ha participado en presentaciones de informes en materias como resiliencia de infraestructura crítica digital; neutralidad en la red; y despliegue de la tecnología 5G.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

Principales Recomendaciones

La creación de la División de Gobierno Digital se debió, en parte, a la recomendación de un estudio de la OCDE sobre fortalecimiento de la gobernanza en materia de gobierno digital. Asimismo, una de las recomendaciones del mismo informe, contribuyó a la creación del proceso de evaluación de proyectos tecnológicos (EvalTi)² que se realiza en conjunto con DIPRES, y apunta mejorar la calidad y alineamiento estratégico de los proyectos tecnológicos del Estado.

Con respecto a las políticas implementadas por Chile en el sector público, la OCDE ha resaltado el esfuerzo por mitigar riesgos de corrupción y aumentar transparencia en las compras públicas. Se destaca el sitio web Mercado Público, administrado por Chile Compra, enfatizando en el foro en línea que contiene preguntas y respuestas para cada licitación previo a la presentación de ofertas, cuyo objetivo es garantizar la transparencia, el trato equitativo a proveedores y la competencia leal.³ Dicha herramienta es particularmente práctica para proveedores que están geográficamente distantes y que requieren acceso remoto a preguntas y respuestas. Asimismo, destaca también “Chile Compra” en cuanto a la capacitación y acreditación de usuarios compradores, como un ejemplo de un sistema que contribuye a mejorar procesos de contratación y fomentar una gestión transparente y eficiente.⁴

Avances

Nuestro país ha desarrollado un importante trabajo conjunto con la OCDE respecto al enfoque de gobierno digital y su potencial para transformar la relación entre el ciudadano y el Estado. Esto se ha traducido en una colaboración continua con el equipo de gobierno digital de la OCDE con Chile, que se materializa en 3 recomendaciones, la primera respecto a la estrategia de transformación digital que contribuyó en la definición de la estrategia chilena, la segunda sobre identidad digital, para potenciar el uso de los servicios del Estado, y la última, respecto a aspectos a mejorar para incrementar  la calidad de los servicios gubernamentales, a través de plataformas como ChileAtiende. ⁵ Por su parte, la reciente aprobación de la Ley N° 21.180 de transformación digital (2019) constituye un hito fundamental en esta línea.⁶ En definitiva, es posible afirmar que las recomendaciones de la OCDE han contribuido a trazar la hoja de ruta para una mayor eficiencia, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad de los sectores económicos.⁷

Por otra parte, Chile ha dado grandes pasos en el uso de innovación para mejorar el sector público, ejemplo de ello ha sido la creación del Laboratorio de Gobierno, nueva organización en el servicio público que aporta nuevas ideas y conocimiento, así como espacios para la experimentación controlada y la colaboración dentro del gobierno, junto con la Dirección Nacional del Servicio Civil. Particularmente, Chile mostró gran liderazgo en la realización de un estudio que permitió el desarrollo y perfeccionamiento de un marco que luego fue posible aplicar a otros sistemas nacionales para permitir comparaciones entre Chile y otros países de la OCDE. Se trató de un estudio llevado a cabo con la OCDE (2016-2017), siendo el primero de su tipo, en el que se examinó el uso de instrumentos de recursos humanos para la creación de capacidad de la función pública, con especial atención a la innovación del sector público.⁸

Adicionalmente, la Comisión de Integridad Pública y Transparencia ha trabajado con la OCDE en el seguimiento de diversas recomendaciones que nutrieron la Agenda de Integridad Pública y Transparencia lanzada en septiembre de 2019.

Por último, la OCDE ha sido un apoyo para el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del Servicio Electoral de nuestro país. No sólo porque el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la democracia y de la transparencia se ajustó a los estándares de la organización,⁹ sino que también por el apoyo de la organización en esta materia, siendo impulso relevante para la aprobación de dicho proyecto.¹⁰

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR – SERNAC

Principales Recomendaciones

La relación entre el SERNAC y la OCDE se ha visto potenciada principalmente por los siguientes trabajos:

• The effects of online disclosure about personalized pricing on consumers: Results from a lab experiment in Ireland and in Chile. Se trató de un experimento conducido a principios de marzo en Chile (2020), con la finalidad de analizar la reacción de una muestra de la población de la Región Metropolitana, en relación con la personalización de precios en sitios web. El estudio fue conducido por el Economic and Social Research Institute (ESRI) bajo la supervisión del Secretariado de la OCDE y se espera su pronta discusión y divulgación.
• Use of Behavioral Insights in Consumer Policy (2017). Reporte que examinó el uso de la economía del comportamiento como instrumento de mejora de las políticas de protección al consumidor. Bajo este reporte, se presentó la experiencia nacional en materia de rediseño de las facturas de electricidad, las cuales fueron sometidas a esta metodología, gracias al trabajo conjunto entre la SEC, SERNAC y el Laboratorio de Gobierno.
• Report on the Implementation of the Recommendation of the Council on Consumer Policy Decision Making (2019)¹. A través de la presentación de un caso en temas de cobros indebidos por parte de una entidad financiera, se reconoció la labor del SERNAC en la implementación de esta recomendación.

Avances

El trabajo entre el SERNAC y la OCDE se remonta al año 2010, fecha desde la que se ha trabajado en múltiples iniciativas y actividades, pudiendo destacar:

• Trabajo conjunto. Dada la reciente conducción del experimento sobre personalización de precios, SERNAC sigue vinculado a materias de Behavioural Insights y protección al consumidor. Asimismo, Chile se ofreció a apoyar al Secretariado en la traducción y difusión de estudios y políticas relevantes, a fin de apoyar la diseminación de la información entre miembros de la organización y no adherentes.
• Recomendación OCDE. SERNAC implementó una mesa de seguridad de los productos, para colaborar con otros Servicios Públicos en la protección del derecho a la seguridad en el consumo de bienes o servicios.
• Finalmente, se ha reconocido internacionalmente al SERNAC como un ejemplo de éxito en el uso de la recomendación Consumer Policy Decision Making de OCDE, utilizada por el Servicio en el acuerdo conciliatorio con Banco de Chile y que benefició a más de 140 mil consumidores².