Hoy se firmó en Montevideo el Acuerdo Bilateral sobre Inversiones entre Chile y Uruguay, el cual por su forma, contenido y alcance, se cataloga como un acuerdo de última generación. La ceremonia fue presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro y el Embajador de Chile ante ese país, Andrés Rebolledo.
El Director Bilateral de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), Rodrigo Contreras, explicó que el acuerdo firmado permite el establecimiento de un sistema de disciplinas para la protección de los inversionistas extranjeros y sus inversiones y un completo sistema de solución de controversias.
Con este acuerdo se establece un marco regulatorio de las inversiones recíprocas inspirado en el principio de no discriminación, es decir, que tanto los inversionistas como las inversiones extrajeras chilenas y uruguayas gocen, a lo menos, del mismo trato que los inversionistas nacionales, señaló Contreras. En este marco ambos países se comprometen a no establecer mayores restricciones en el futuro.
El Acuerdo también establece reservas, con el objetivo de poder resguardar la flexibilidad de ambos gobiernos para regular los sectores que se consideran sensibles o importantes desde una perspectiva de desarrollo a largo plazo.
En la última década, Uruguay ha captado inversiones chilenas por un valor de USD$ 700 millones, equivalentes al 1,4% del total invertido por Chile en el exterior, principalmente en los sectores industrial, servicios y agropecuario (principalmente plantaciones forestales).
Una relación consolidada
La República de Chile y la República Oriental del Uruguay mantienen históricos lazos de amistad y cooperación, consolidados a través de instrumentos bilaterales como ser el Acuerdo de Complementación Económica Chile-MERCOSUR (ACE35), el Acuerdo de Asociación Estratégica , la Comisión Binacional de Comercio e Inversiones (CBCI), el Protocolo de Contratación Pública y aquel relativo a las Zonas Francas , el Convenio Bilateral de Seguridad Social, que facilita el desplazamiento de técnicos, especialistas y ejecutivos relacionados a los proyectos de inversión; y el Convenio para Evitar la Doble Tributación en Materia de Transporte Aéreo.
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