En relación a la mención en un medio nacional de una carta enviada por el Senador Orrin Hatch de los Estados Unidos y donde afirma que Chile no ha cumplido con sus obligaciones en materia de propiedad intelectual asumidas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con dicho país, la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON) señala que la referida carta representa la opinión de un Senador de los Estados Unidos dirigida a las autoridades de ese país.
Contrario a lo afirmado por el Senador Hatch, Chile sí ha cumplido con las obligaciones asumidas en materia de Propiedad Intelectual en diversos acuerdos internacionales, incluyendo el TLC con Estados Unidos. Prueba de ello son los importantes progresos normativos, regulatorios e institucionales alcanzados en los últimos años.
A modo de ejemplo, se pueden destacar la reforma a la Ley de Propiedad Intelectual que entró en vigor el año 2010 y la aprobación en el Congreso de Acuerdos Multilaterales en materia de propiedad intelectual, como el Tratado sobre Derechos de Marcas (TLT por sus siglas en inglés) y el Acuerdo sobre la Distribución de Señales Portadoras de programas Transmitidas por Satélites. Asimismo, la ejecución del proyecto de cooperación internacional más importante y comprehensivo realizado hasta ahora con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que nos permitirá establecer los vínculos entre la propiedad intelectual y la innovación lo que contribuirá igualmente al mejoramiento del sistema nacional de PI y al desarrollo de las políticas públicas sobre estas materias.
Asimismo, se debe mencionar que DIRECON mantiene un trabajo permanente con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), profundizando y perfeccionando temas comerciales de la agenda bilateral, incluyendo temas de propiedad intelectual.
Finalmente, el Gobierno de Chile está abierto a perfeccionar el régimen de protección de la propiedad intelectual y ejemplo de ello es el reciente envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que, estando acorde a nuestra realidad jurídica, mejora el sistema de otorgamiento de registros sanitarios para productos farmacéuticos el cual otorgará mayor transparencia al sistema, entre otros beneficios.
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