¿Cuáles son los mayores riesgos de la Actividad Empresarial en DDHH y cómo los podemos abordar?

Las empresas pueden generar impactos positivos y negativos en la sociedad. La agenda de derechos humanos y empresas tiene un foco en la prevención de impactos negativos en los derechos humanos de las personas con las cuales se relacionan. Algunos ejemplos de posibles impactos negativos pueden incluir aspectos, tales como: impactos sobre grupos sociales especialmente vulnerables a situaciones de discriminación, trabajo infantil y/o trabajo forzado (esclavitud por deuda, trata de personas o cualquier otro medio coercitivo que no permite a los empleados dejar libremente el trabajo), condiciones de trabajo poco seguro o saludable. También pueden incluir aspectos fuera del ámbito de la empresa, tales como impactos al medio ambiente y uso y manejo de la tierra por las empresas. Qué hacer en casos de haber impactos negativos: la empresa tiene la obligación de mitigar y de abordar los impactos dichos impactos. Cómo hacerlo: Por medio de la Debida Diligencia en derechos humanos, concepto fundamental en DDHH y Empresas,  que  se refiere básicamente a la responsabilidad y actividades por las cuales las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas respecto de los daños que causan, a los cuales contribuyen o con los cuales están relacionadas. Más información sobre Debida diligencia (OCDE para la conducta empresarial responsable) aquí.  Riesgos y recomendaciones en  Chile: El Instituto Nacional de Derechos Humanos elaboró una Guía País sobre los temas de derechos humanos y empresas en el contexto chileno, donde se encuentran los mayores riesgos y recomendaciones para abordarlos. La Guía se llevó a cabo con una metodología desarrollada por el Instituto Danés de Derechos Humanos y se encuentra disponible aquí. Titulares y garantes de los derechos humanos Los conceptos de “titulares de los derechos” y “garantes” son fundamentales en derechos humanos, ya que se refieren a la relación de responsabilidad entre individuos, el Estado y otros actores. En resumen, los titulares de los derechos tienen el derecho de reclamarlos a los garantes, y éstos están obligados a rendir cuentas a los titulares de ellos.