Laudo exitoso en Caso Clarín ante la Corte Permanente de Arbitraje

• El tribunal arbitral internacional desestimó de manera unánime el caso iniciado por la Fundación Presidente Allende, Víctor Pey Casado y Coral Pey Grebe contra el Estado de Chile y condenó en costas a los demandantes por una suma superior a los 1500 millones de pesos.

4 de diciembre, 2019- En el marco del arbitraje internacional iniciado en abril de 2017 por la Fundación Presidente Allende, Víctor Pey Casado y Coral Pey Grebe (hija de Víctor Pey) contra la República de Chile, el tribunal arbitral internacional constituido de conformidad con el Acuerdo entre España y Chile para la Protección y Fomento Recíprocos de Inversiones (APPI) y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) notificó esta mañana a las partes el laudo por el que declara que no tiene jurisdicción para conocer de ninguna de las reclamaciones de los demandantes, les ordena reembolsar a Chile la totalidad de los costos en los que incurrió por este arbitraje (350 mil euros, equivalente a alrededor de 310 millones de pesos) y el 80% de los gastos de representación legal del Estado (alrededor de 1200 millones de pesos). Este laudo se emite en el contexto del segundo “Caso Clarín”, cuyas reclamaciones ya han sido ventiladas en procedimientos iniciados en 1998 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Al respecto, el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, aseguró que “este es un fallo que nos deja muy conformes. El tribunal arbitral internacional, al confirmar que no tienen competencia para conocer del caso, y condenar a los demandantes en costas, confirma que este caso nunca debió iniciarse como sostenía Chile. Estamos contentos que el Tribunal haya rechazado de forma unánime este nuevo intento de los demandantes de hacer un uso indebido y abusivo de los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado de nuestros tratados. Esperamos que este laudo sea aceptado también por la otra parte, y podamos poner un punto final a esta controversia”. El Estado de Chile ha defendido por casi 22 años de manera ininterrumpida los intereses del país por los hechos que dieron origen a este caso y continuará velando por la protección y defensa de los legítimos intereses del Estado, en las instancias legales pertinentes.