Decisión exitosa para Chile en Caso Clarín ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)

08/01/2020
El día de ayer el comité de anulación constituido bajo el Convenio y las reglas del CIADI emitió una decisión favorable para el Estado de Chile, al desestimar la petición de los demandantes de anular el fallo dictado en favor del Estado en septiembre de 2016.  El Comité también condenó a los demandantes a sufragar los honorarios y gastos del Comité ad-hoc así como los costos del Centro. 9 de enero, 2019.- Desde el inicio de este procedimiento en 1997, a la fecha de hoy se cumplen más de 22 años de litigio ante el CIADI en el denominado “Caso Clarín”. El Comité ad-hoc constituido en el marco del procedimiento CIADI iniciado de conformidad con el Acuerdo entre España y Chile para la Protección y Fomento Recíprocos de Inversiones (“APPI”), resolvió la solicitud de anulación presentada por Víctor Pey Casado en abril de 2017, cerrando de esta manera el litigio más largo en la historia del CIADI. Los demandantes habían solicitado al Comité ad-hoc la anulación del fallo que data de septiembre de 2016, en el que el tribunal arbitral había resuelto por unanimidad que los demandantes no habían probado haber sufrido ningún perjuicio susceptible de ser indemnizado. Con esta solicitud de anulación los demandantes buscaban, entre otros, anular esta conclusión para reiniciar sus esfuerzos a ser indemnizados por el Estado de conformidad con el APPI. Sin embargo, el Comité rechazó esta solicitud decidiendo, de manera unánime, que las causales de anulación esgrimidas por los demandantes carecían de fundamento. Este es el segundo fallo favorable al Estado en los últimos meses relativo al caso Clarín, tras el laudo dictado el 4 de diciembre por el tribunal arbitral internacional constituido de conformidad con el APPI y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas por el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Al respecto el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez señaló que “esta decisión representa el final de un procedimiento de más de dos décadas, en donde el Estado de manera consistente, ha cautelado apropiadamente los intereses del Estado en cada una de las múltiples fases del proceso, respetando fielmente sus obligaciones internacionales y haciéndole frente a todas las instancias legales a las que los demandantes recurrieron a lo largo de los años. Estamos contentos de que este gran esfuerzo en el que el Estado ha velado exitosamente por el patrimonio y recursos que pertenecen a todos los chilenos, haya sido recompensado.”

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