El 26 de febrero, en Brasil se corroboró la existencia del primer caso un caso de COVID-19, en la región de América Latina y el Caribe (LAC), confirmándose desde entonces al menos 66,931 casos y 2,849 muertes. A pesar de ser un nivel relativamente más bajo de brote (en comparación con EE.UU., Europa y Asia), los gobiernos de LAC han reaccionado de manera rápida y preventiva para proteger a sus ciudadanos y contener la propagación del brote .
La mayoría de los primeros casos en la región se relacionaron con viajeros provenientes de Europa, Asia o EE.UU., situación por la que muchos países cerraron sus fronteras, con exclusiones para el retorno de ciudadanos y residentes , implementado además medidas para cerrar los espacios públicos y limitar las reuniones sociales. Más de la mitad de los países implementó medidas más estrictas, como el toque de queda y/o cuarentenas, para “quedarse en casa”, sin embargo, el número de casos confirmados sigue en aumento.
América Latina es altamente dependiente de la economía China, y la región sentirá la crisis aún más en la medida que los efectos del virus aumenten en EE.UU. Además, la caída de los precios del petróleo, metal y minerales ha provocado la caída de los mercados y monedas regionales. Muchos países también tienen grandes sectores turísticos, que sufrirán mucho, así como también los servicios, PYMEs y exportaciones de productos básicos.
La contención del virus implica bloquear el país, para lo que se requiere de espacio fiscal que permita mitigar la recesión más profunda que resultará, además del riesgo de exacerbar las desigualdades y el descontento social.
I. Combatir COVID-19 en ALC: consideraciones de salud
Actualmente, los países más afectados de LAC son Brasil (mayor tasa de crecimiento de casos en la región), Chile, Perú, Ecuador y Panamá. Por este motivo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) está brindando cooperación técnica, además de haber lanzado una iniciativa para recolectar USD 94.8 millones, con el fin de ampliar la capacidad de estos países para frenar la transmisión y mitigar el impacto en la salud del COVID-19.
Medidas de contención promulgadas por los gobiernos de la región
Viendo el impacto que el virus está teniendo en Europa, Asia y EE.UU., LAC está tomando medidas para prevenir su crecimiento y propagación, teniendo presente la menor capacidad de sus sistemas de salud y redes de seguridad social. Así, el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) reunió de forma remota a los Jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Bolivia (observador) y Uruguay (invitado especial) para acordar una declaración conjunta para trabajar de manera “coordinada y eficiente” la emergencia de salud pública. Los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) también se reunieron virtualmente, y posteriormente aprobaron un plan de contingencia regional para hacer frente a la pandemia.
Desafíos y medidas del sistema de salud
Con presupuestos de salud más bajos; menos camas de hospital y profesionales del área de la salud disponibles; un número creciente de pacientes; equipos de protección inadecuados; e instalaciones limitadas para proporcionar cuidados intensivos, existe un creciente temor por un contagio difícil de controlar a escala regional . Además, la pandemia evidencia las desigualdades en el acceso a los servicios de salud. En una región donde unos 125 millones de personas aún carecen de acceso a servicios básicos de salud y sólo el 47% de la población tiene acceso a seguridad social, contraer una enfermedad puede tener consecuencias catastróficas, tanto para su salud como para su subsistencia.
Iniciativas regionales:
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PROSUR acordó una declaración conjunta que incluye medidas para comprar suministros y equipos médicos conjuntamente para enfrentar la pandemia y coordinarse con organizaciones regionales multinacionales.
• SICA moviliza al Consejo de Ministerios de Salud (COMISCA) para participar conjuntamente en negociaciones y compras de equipos médicos para los miembros, junto con varias medidas coordinadas de comunicación y respuesta relacionadas con la salud y el riesgo.
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MERCOSUR aprobó un fondo especial de USD 16 millones para el uso de sus miembros en la lucha contra la pandemia, especialmente para adquirir kits de prueba.
• La Red de Autoridades Iberoamericanas de Medicamentos, con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (
SEGIB), ha creado una plataforma digital donde los 22 países iberoamericanos podrán compartir y consultar información oficial sobre tratamientos, ensayos clínicos de medicamentos y guías técnicas para el personal de salud.
Iniciativas nacionales:
- Argentina anunció que construirá 8 hospitales de emergencia.
- Brasil abrió 5.000 vacantes para médicos a través del programa “Mais Medicos” y anunció la creación de 2.000 nuevas camas en UCI, al tiempo que aprobó la inclusión de la prueba COVID-19 como obligatoria para portadores sospechosos. Además, dedicará al menos USD 1.000 millones para combatir el virus; y transferirá USD 185 millones a los estados y municipios para cubrir horarios extendidos en instalaciones de salud pública.
- Chile estableció un costo máximo de USD 30 para la prueba COVID-19 en centros de salud privados.
- Colombia anunció el despliegue virtual de aproximadamente 2.500 profesionales de la salud mental, para apoyar las medidas nacionales de cuarentena “refugio en el hogar”.
- Costa Rica estableció regulaciones de precios para gel de alcohol; desinfectantes líquidos; desinfectantes en aerosol; jabón en barra o líquido; y toallas desinfectantes.
- Ecuador ha realizado pruebas COVID-19 en forma gratuita para cualquier persona con síntomas.
- Perú anunció que estaba comprando 1.4 millones de kits de prueba rápida de China, junto con comenzar tratativas para adquirir el hospital portátil que se construyó en 10 días en Wuhan.
- Panamá suspendió todas las cirugías no esenciales y las visitas para crear una mayor capacidad hospitalaria.
- Uruguay lanzó una aplicación móvil para ubicar casos en el país y un sitio web (coronavirus.uy). También anunció medidas para detener el aumento de la violencia de género durante la cuarentena, incluida una campaña de sensibilización en los medios sociales, una línea directa para emergencias y un protocolo creado junto con el Ministerio de Salud, para que el personal detecte casos de violencia doméstica.
II La dimensión social de la crisis de COVID-19 en región LAC
Desafíos específicos de políticas para la región LAC
- Informalidad / falta de redes de seguridad universales: los países con tasas de informalidad del 30-80%, como la mayoría de los de la región LAC, enfrentan desafíos particulares: 1) para trabajadores informales y poco calificados, la reducción de horas y pérdida de trabajo significa pérdida de ingresos sin posibilidad de recibir beneficios de desempleo; 2) los trabajadores informales generalmente carecen de acceso a las medidas oficiales de seguridad social; y 3) el confinamiento implica que no hay trabajo y, por lo tanto, no hay ingresos, creando el dilema de “trabaja o pierde tus ingresos”. Muchos trabajan en economía de subsistencia, viven día a día y corren el riesgo de volver a caer en la pobreza. Si bien el seguro social y los principales programas de asistencia cubren al 62% de los trabajadores, el 65% de los trabajadores informales vulnerables no se benefician de ninguna forma de protección social.
- Percepciones de los ciudadanos: si bien el público muestra una gran solidaridad al enfrentar la pandemia de COVID, hace sólo unos meses, muchos países de la región experimentaron una ola de protestas masivas impulsadas por un profundo descontento social, aspiraciones frustradas de una “clase emergente”, vulnerable y con riesgo de caer en la pobreza.
- Desigualdad: a medida que la crisis se profundice habrá una mayor escasez y competencia por los recursos (como pagar por un mejor tratamiento en hospitales privados). Hay parte de la población que puede practicar distanciamiento social, licencia por enfermedad y/o continuar recibiendo un salario. Sin embargo,las poblaciones vulnerables enfrentan desafíos al practicar el distanciamiento social, ya que muchas de ellas no están cubiertas por el seguro de salud ni los beneficios de desempleo.
- Poblaciones indígenas y migrantes vulnerables: las poblaciones indígenas en países como Perú, Ecuador, Bolivia y, en menor medida, México, son muy vulnerables a las pandemias, ya que tienen los niveles más altos de informalidad y una mayor prevalencia de enfermedades como hepatitis B, tuberculosis, malaria y dengue. La crisis de COVID-19 también afecta a América Latina en medio de la mayor crisis migratoria de su historia. Entre 2016 y 2019, cerca de 4.5 millones de venezolanos abandonaron el país; al mismo tiempo, miles se han migrado desde Guatemala, Honduras y El Salvador, a México y EE.UU., y desde Nicaragua a Costa Rica y Panamá. Así, los migrantes se ven particularmente afectados por las consecuencias económicas del virus, ya que muchos viven en condiciones precarias de vivienda y sanitarias, a demás de no tienen acceso a servicios básicos o protección social.
Respuestas de políticas públicas
Todos los países han implementado medidas de estímulo económico para brindar alivio tanto a las empresas como a las personas, a menudo con un especial énfasis en PYMEs. En este sentido, muchos gobiernos de LAC han implementado medidas sociales adicionales para complementar sus esfuerzos de recuperación económica y asegurar que el cumplimiento de las medidas de restricción sea posible para aquellos con bajos ingresos y/o incapacidad para trabajar desde casa.
III. La dimensión de gobernanza de la crisis COVID-19 en la región LAC
El COVID-19 también pone a prueba a los gobiernos democráticos de la región (algunos relativamente jóvenes y aún en proceso de consolidación), quienes ya estaban atravesando un período marcado por una ola de protestas masivas a fines de 2019 y principios de 2020, impulsadas por un profundo descontento social y aspiraciones frustradas; además de una disputada credibilidad, después de una serie de escándalos de corrupción que condujeron a la Cumbre de las Américas 2018.
El gobierno digital, así como la implementación de infraestructura necesaria, serán importantes para sostener y superar la crisis económica, social y de salud. Una mayor coherencia política es hoy más crítica que nunca, ya que la crisis actual ha subrayado el valor de la transformación digital de los sectores públicos y los gobiernos para garantizar la continuidad de la prestación de servicios. Las medidas extraordinarias destinadas a proteger a los ciudadanos, como la restricción del acceso a la información pública y rastrear las aplicaciones, consideradas normales en tiempos de crisis, podrían poner en peligro las libertades civiles y el espacio cívico a largo plazo.
En algunos países las medidas de confinamiento pueden exacerbar los disturbios sociales y aumentar la criminalidad. Dado que el Estado no puede contener la propagación del virus en instalaciones penitenciarias superpobladas, el miedo a infectarse en las cárceles ha provocado disturbios y la fuga de cientos de presos, especialmente en Brasil y Venezuela.
Garantizar el acceso continuo a la justicia, incluidos los grupos más afectados por la crisis, como las empresas desfavorecidas y las pequeñas y medianas empresas, requerirá una coordinación significativa y esfuerzos conjuntos de todos los sectores. El creciente riesgo de violencia doméstica y callejera ejerce una presión cada vez mayor sobre los sistemas de justicia para que presenten formas innovadoras, transparentes y efectivas de responder a las necesidades de las víctimas de la violencia (especialmente mujeres y niños) y aplicar medidas de confinamiento.
Personas o grupos querrán aprovechar el momento en que los actores estatales se centran en proporcionar asistencia de emergencia, por lo que el riesgo de prácticas de corrupción aumenta. Es fundamental garantizar los datos de gobierno abierto en la pandemia, no sólo para gestionar la crisis, sino también en relación con la necesidad de transparencia e integridad.
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