Con fecha 13 de abril de 2021, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) fue notificada de la solicitud de arbitraje presentada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P (ISA), Interchile S.A. e ISA Inversiones Ltda., ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra del Estado de Chile, alegando la violación del capítulo de inversiones del Acuerdo de Libre Comercio suscrito por Chile y Colombia.
El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que Chile presentará sus argumentos ante las instancias pertinentes, una vez haya tenido la oportunidad de analizar a fondo la solicitud de arbitraje hoy notificada. Asimismo, recalcó que “Chile tiene una trayectoria indiscutida como un país receptor de inversión extranjera que ofrece a sus inversionistas un trato acorde con sus obligaciones internacionales. Esta afirmación se ve respaldada por el hecho que nuestro país ha enfrentado como demandado un número muy bajo de arbitrajes en materia de inversión y ha resultado victorioso en todas menos una de las oportunidades.”
La disputa está relacionada con la construcción de una línea de transmisión eléctrica denominada Nueva Línea Cardones-Polpaico, que consta de tres tramos y entró en operación en mayo de 2019. La empresa incurrió en retrasos de 135 y 499 días para la finalización de los tramos 2 y 3 del Proyecto, respectivamente. Tras la conclusión de sendos procesos administrativos, en los que las Reclamantes tuvieron amplias oportunidades para presentar pruebas y argumentos, el Ministerio de Energía determinó, sobre la base de la normativa aplicable, que no existía una eximente de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito u otro) que justificara el total de los retrasos. Consecuentemente, y en apego a la legislación vigente, se ordenó el cobro de boletas de garantía y la aplicación de multas a Interchile. Los cobros tuvieron lugar entre marzo de 2019 y febrero de 2020.
Posteriormente, el 7 de abril de 2020, las Reclamantes presentaron al Estado una notificación de disputa por la que manifestaron por primera vez su intención de someter a arbitraje estos reclamos y solicitaron iniciar un proceso de consultas y negociaciones.
Considerando el texto del Artículo 9.15 del Tratado y la intención del Estado de cumplir a cabalidad los compromisos internacionales asumidos, el Estado llevó a cabo, de buena fe, un proceso de negociación con el objeto de alcanzar una solución amistosa. El plazo inicial para llevar a cabo las consultas se extendió en dos oportunidades, sin que las partes lograran llegar a un acuerdo amistoso que pusiera término a la disputa.
En enero de este año, el Estado de Chile logró su última victoria, prevaleciendo en el caso presentado por los hermanos Ríos Velilla, controladores de las empresas Inversiones Alsacia S.A. y Express de Santiago Uno S.A., en el que los demandantes invocaron el mismo Tratado y las mismas disposiciones a las que hoy se refiere el Grupo ISA.
Adicionalmente al caso Ríos Velilla, en los en los últimos 18 meses, el Estado por medio del Programa de Defensa logró obtener dos decisiones favorables con las que se cerraron de manera definitiva el caso iniciado en 1997 por el Víctor Pey ante el CIADI, y el procedimiento paralelo iniciado por este mismo demandante bajo las reglas de UNCITRAL en el 2017, logrando dar fin al caso más largo de la historia del CIADI.
Uno de los roles principales del Programa es defender y velar por los intereses de Chile en las controversias que se susciten en materia de inversión extranjera, tanto en su fase arbitral como en fases anteriores al surgimiento de una disputa internacional, realizando un seguimiento de los hechos que puedan dar lugar a una eventual controversia, y así evitando el escalamiento de conflictos en la materia. Para el cumplimiento de dicho fin, el Programa lleva adelante el proceso de consultas y negociaciones amistosas con los inversionistas extranjeros bajo los acuerdos de inversiones o de libre comercio, encargándose de la coordinación entre las instituciones públicas involucradas en la controversia, determinando la postura del Estado y centralizando la información y antecedentes del caso. Trabaja además estrechamente y con el apoyo constante del ministerio sectorial que esté involucrado en la disputa junto con los abogados externos que sean contratados para asistir en la defensa del Estado, siempre bajo el mandato y supervisión del Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en Materias Relativas a Inversiones, creado por el Decreto Supremo 125 de 2016, del Ministerio de Relaciones Exteriores. En dicho comité participan las más altas autoridades de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Hacienda y el ministerio sectorial de la disputa.
En los últimos años, la SUBREI, como la entidad encargada de la coordinación y administración de los tratados en materia de relaciones económicas internacionales, y de las eventuales reclamaciones en materias relativas a inversión extranjera, ha fortalecido la capacidad técnica del Programa de Defensa, para asegurarse de velar adecuadamente por la protección y defensa de los legítimos intereses del Estado.
