Jueves 21 de julio de 2022. Esta mañana, en el seminario virtual “Rendición de Cuentas en DDHH y Empresas”, que fue organizado por Pacto Global Chile de Naciones Unidas, con el objetivo de visualizar la responsabilidad de las empresas respecto de la acción y comunicación para alcanzar las metas de la Agenda 2030, que incorpora los derechos humanos de manera transversal, la directora general de Asuntos Económicos Multilaterales de la SUBREI, Marcela Otero, participó en un panel junto Mauricio Larraín, vicepresidente de la Comisión para el Mercado Financiero y Daniela Winicki, consultora estratégica en sostenibilidad y gobierno corporativo, contando con la moderación de María Gloria Timmerman de la Bolsa de Santiago.
Consultada sobre si la reportabilidad en materia de impacto de las empresas en DDHH debiera tener un carácter obligatorio o continuar siendo una recomendación, Marcela Otero señaló que “hoy se observa un importante impulso a nivel mundial de avanzar en regulaciones obligatorias en derechos humanos para las empresas, aunque también aprecia los beneficios que ofrece el carácter voluntario de estos estándares, al permitir que las empresas vayan integrando gradualmente estas materias a sus sistemas de gestión en función de sus propias capacidades y recursos”. Agregó que, luego de ese aprendizaje natural y considerando que tanto los Principios Rectores como las Líneas Directrices ya cumplieron una década desde la incorporación de los derechos humanos en la acción empresarial, reconoce que “podríamos estar en el momento para asumir el desafío y evaluar la oportunidad y conveniencia de transitar desde recomendaciones no vinculantes a normas de carácter obligatorio”.
Además, destacó la coherencia y complementariedad entre los Principios Rectores de Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la OCDE, especialmente porque estas últimas obligan a los Estados adherentes a establecer un Punto Nacional de Contacto (PNC) como espacio no judicial para el diálogo y asistencia en la solución de diferencias entre empresas multinacionales y partes interesadas. Al respecto, resaltó que en torno al 40% de los casos que se hacen presente ante los PNC, tanto a nivel global como nacional, hacen referencia a cuestiones relativas a derechos humanos.
Finalizó su participación enfatizando que “lo más recomendable es que las empresas implementen procesos de debida diligencia. Esto es un proceso continuo, que revisa sus operaciones, actividades, bienes, servicios e incluso sus relaciones comerciales, para identificar la existencia de algún impacto negativo, real o potencial, sobre los derechos humanos”. Asimismo, invitó a las empresas a participar ante el PNC como mecanismo de reparación, ya que dicha experiencia resulta en beneficios no solo para la parte que solicita la actuación del PNC, sino también para la empresa, en pos de alcanzar una comunicación constructiva.
