En esta sección, abordaremos algunos pasos recomendados para transitar rumbo a una Política sobre materias de conducta empresarial responsable. Estas recomendaciones provienen de la experiencia práctica, pero es importante tener presente que no están escritas en piedra y que cada empresa debe considerar sus propias particularidades.
La primera recomendación es levantar procesos. Esto es importante porque, cualquier política sobre responsabilidad corporativa, por ejemplo, una de derechos humanos, debe circunscribirse al contexto de cada empresa. Dicho de otra forma, si este compromiso de alto nivel no responde al ADN de la empresa, se traducirá en solo una narrativa con declaración de intenciones, sin impactar en su quehacer cotidiano. De manera que, para poder insertarse en ese ADN, es necesario conocer bien qué es lo que la empresa hace y, para ello, es necesario hacer un levantamiento exhaustivo de todos sus procesos.
Al hacer el levantamiento de los procesos, se podrán identificar dos elementos clave: 1) quiénes son las personas que intervienen en estos procesos, los grupos de interés dentro y fuera de la empresa (por ejemplo, trabajadores, clientes, proveedores, comunidades); y 2) riesgos, con los cuales se construye una matriz de riesgos.
Luego, se recomienda realizar un catastro normativo. Esto permitirá identificar en qué contexto juega la empresa, cuáles son las reglas del juego del contexto en el que opera. Es decir, la empresa podrá identificar las banderas rojas sobre obligaciones específicas a las que está sujeta y tiene que responder. Algunas preguntas que la empresa puede hacerse para nutrir el catastro normativo son si su negocio es regulado; está sujeta a algún tipo de licenciamiento; su existencia pasó por la aprobación de alguna autoridad gubernamental; lo que ofrece la empresa depende de alguna concesión, de un derecho público, otorgado por un juez, ministerio o debió pasar algún procedimiento; es un negocio concesionado, etc. El compromiso empresarial de alto nivel que se elabore debe contener estos parámetros normativos específicos.
Por otro lado, si es una empresa de propiedad estatal, tiene varias particularidades, entre ellas, su sistema de capitalización, su sistema de gobierno corporativo, múltiples entidades fiscalizadoras, siendo esto último uno de los elementos más críticos que debe enfrentar. También se requiere una atención especial si se es una empresa transnacional, ya sea que se trate de la casa matriz, la filial o subsidiaria.
Asimismo, existe un marco internacional de estándares sobre conducta empresarial responsable provisto por organismos internacionales. Entre los más importantes tenemos las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable (Directrices OCDE), los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Principios Rectores) y la Declaración Tripartita de Principios de la OIT sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social (Declaración EMN).
Cabe hacer presente dos cuestiones. Por un lado, las Directrices OCDE, aunque explícitamente se refieren a las empresas multinacionales, comprende como tal a un conjunto de empresas con una definición muy amplia, centrándose especialmente en el carácter internacional del quehacer de la compañía y, por ende, es mucho más flexible que el entendimiento común. A la vez, las Directrices OCDE declaran que no pretenden discriminar entre empresas multinacionales y nacionales, sino más bien, espera que ambas tengan la misma conducta en todos los casos en los que sean aplicables.
Por otro lado, se recomienda que el compromiso de la alta dirección (y también las regulaciones y leyes sobre estas materias) se inspire en el marco internacional ya referido, ya que ello contribuye a la coherencia política, simplificando la implementación de los compromisos, sobre todo cuando se responde a requerimientos provenientes de distintos mercados, y permite responder a las expectativas mundiales que se tienen sobre el comportamiento de las empresas.
Una tercera recomendación es que el compromiso cuente con una línea de base. Esta recomendación no está exenta de riesgos, pero la experiencia ha mostrado que las externalidades negativas superan a las positivas en caso de saltarse este paso. Para empezar a correr hay que saber desde dónde se empieza. Al saber cuál es el escenario actual y la meta por alcanzar según los estándares internacionales, se conoce cuáles son las brechas, y así el compromiso de alto nivel se convertirá en una herramienta eficiente que permita llegar desde un punto al otro de forma más rápida, efectiva y a menor costo.
La construcción de la línea de base parte con conversaciones con la alta dirección y personas clave en la empresa, tanto de forma individual como grupal -proveedores, clientes, comunidades, otros grupos de interés que pueden estar dentro o fuera de la empresa, o que necesitan una atención especial, como minorías, sindicatos, también con encuestas de evaluación de cumplimiento e investigación de campo. Todo eso dará como resultado la línea de base desde la cual se estará partiendo.
Es importante insistir en que, la Política o compromiso de alto nivel, finalmente es una herramienta de implementación para la reducción de las brechas identificadas entre la línea de base y el estándar internacional. Para redactarla, es necesario comenzar por identificar líderes, los que pueden estar dentro o fuera de la empresa, luego de lo cual deben ser designados como tales formalmente, y será necesario capacitarlos para la tarea que representarán, especialmente en cuanto al marco internacional de responsabilidad corporativa mencionado.
La redacción de la Política se nutrirá de un conjunto amplio de elementos. Por un lado, los líderes designados deben sostener sesiones de trabajo para catastrar contenidos asignándoles prioridades y considerando los contextos. Otro elemento, es la adhesión a los principios y estándares de los instrumentos internacionales atingentes. Por su parte, las políticas globales de la empresa son su marco de referencia y, por ende, la Política debe ser consistente con ellas. Con todo lo anterior, es posible iniciar la redacción propiamente tal del compromiso de alto nivel.
Con el borrador de la Política, se sugiere pasar a un proceso colectivo de participación para someterlo a comentarios. Junto a ello, es posible disponer espacios de discusión ampliada que deben ser moderados para asegurar que se centren en la discusión sobre el borrador, contando con una tabla de contenidos y un procedimiento lineal, con el fin de que efectivamente sea una sesión plenaria de trabajo.
Finalmente, el borrador ya redactado y comentado se somete a la consideración de la alta dirección, la que lo revisará, comentará y establecerá su versión final. Con ello, se procede a la aprobación formal, que es lo que le imprimirá la fuerza jurídica para su cumplimiento, al transformarla en una resolución de administración obligatoria para la empresa, acto clave para que sea una instrucción a la cual toda la empresa se compromete a cumplir. Con este hito, deviene el importante desafío de la implementación.
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