Vía Diario Financiero. Desde que se inició el juicio de Alsacia ante el Ciadi, la Subrei ha realizado una serie de reclutamientos para fortalecer el programa de defensa en arbitrajes de inversión extranjera. El más importante fue el de la abogada colombiana Mairée Uran.
Hace poco más de cuatro años, en la antesala del juicio con Alsacia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), por la demanda interpuesta por los hermanos Carlos y Francisco Ríos contra el Estado de Chile, el gobierno creó un marco regulatorio para la coordinación de la defensa del país en arbitrajes de inversión.
Aunque en la práctica esto se había estado dando desde que Víctor Pey demandó al Estado en los “90, fue hace pocos años que tomó forma a través del Programa de Defensa de Arbitrajes de Inversión Extranjera, que es dirigido por el Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y que está bajo la supervisión del Comité Interministerial para la Defensa del Estado en Controversias Internacionales en Materias Relativas a Inversiones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo que hasta mediadios de 2020 se había reunido 16 veces.
Según información de la propia Subrei, el rol de esta iniciativa es defender y velar por los intereses de Chile en las controversias que se susciten en materia de inversión extranjera, tanto en su fase arbitral como en las previas al surgimiento de una disputa internacional, realizando un seguimiento de los hechos que puedan dar lugar a una eventual polémica, y el escalamiento de conflictos, La estrategia, que ha tenido un trabajo silencioso, anotó su primera victoria hace unos días cuando se desestimó el alegato de los hermanos Ríos, incluso condenándolos a pagar millonarias costas.
Pero, para cumplimiento del objetivo, el programa lleva adelante el proceso de consultas y negociaciones amistosas con inversionistas extranjeros bajo los acuerdos de inversiones o de libre comercio, encargándose de la coordinación entre las instituciones públicas involucradas, determinando la postura del Estado, y centralizando la información y antecedentes del caso. En 2018, con de Rodrigo Yáñez a la entonces Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) -hoy Subrei-, el equipo de esta unidad que dina la estrategia ante los litigios comenzó a reforzarse.
Según cuenta Yañez, una vez iniciado el juicio con Alsacia, se decidió potenciar el programa: “Estábamos partiendo con el juicio y había que contestar la demanda. Entonces empezamos a reforzar el equipo”. Ahí fue cuando se reclutó a Mairée Uran Bidegain, una abogada colombiana con raíces en Uruguay y Francia, para coordinar el programa. La decisión no fue al azar. Uran había sido asesora legal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución del Banco Mundial con sede en Washington, donde trabajó por más de siete años.
Antes también había sido asociada en el grupo de arbitraje internacional de la firma de abogados White € Case LLP, donde asesoró a estados soberanos y partes privadas en la resolución de disputas internacionales, negociaciones transfronterizas y transacciones internacionales, según la información de American University Washington College of Law.
Con este reclutamiento, se sumaron otros al equipo de la Subrei: los abogados Pablo Nilo, Macarena Rodríguez y José Javier Gorostegui, todos con experiencia en materia de litigios que les valió una posición en el programa. “La gracia de este equipo es que todo los casos lo hemos ganado”, explica Yáñez, quien agrega que están buscando sumar a un nuevo profesional para ser parte del equipo.
Nueva misión Hoy, los abogados tienen una nueva misión luego de que los controladores de Nuevo Pudahuel =integrado por los franceses Aeroports de Paris, Vinci Airports y Astaldiinformaran que iniciarán un proceso ante el Ciadi tras sus diferencias con el Ministerio de Obras Públicas.
Y es que, entre otras funciones, el programa lleva adelante el proceso de consultas y negociaciones con el inversionista, y se encarga de la coordinación entre las instituciones públicas involucradas en la controversia, determinando la postura del Estado. En un seminario web realizado de 2020, en Estadiodiario. Com, Uran señaló que este tipo de controversias involucran una serie de sectores, intereses y prioridades, que requieren un acción muy coordinada del Estado.
En ese foro, la abogada explicó que su trabajo comienza antes que un privado presenta un caso, ya que coordina los procesos de solución de controversia, tratando de prevenir que cuando hay una queja, se concrete el arbitraje.
Ahí dijo que en los últimos dos años han hecho un esfuerzo por identificar potenciales conflictos que puedan desatarse y capacitar a funcionarios públicos respecto alas obligaciones internacionales del Estado, ya que sus acciones comprometen la responsabilidad internacional de Chile.
